lunes, febrero 11, 2008
Plan B. Lydia Cacho
Plan B
Lydia Cacho
11 de febrero de 2008
El poder del miedo
Durante una cena entre amistades cercanas nos preguntábamos ¿qué factores determinan que una ministra de la Corte sacrifique un voto, o que un fiscal, policía o juez se someta a los designios de las mafias políticas o criminales? Al final de la noche nos quedamos con más preguntas que respuestas.
El ministro Juan Silva Meza me comentó hace unos meses que la primera vez que recibió una amenaza fue en tiempos del juicio a Arturo El Negro Durazo. Quien le llamó a Silva le hizo saber que su hijo podría perder la vida. El juez tomó precauciones pero no se rindió. La ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, siendo magistrada recibió amenazas contra la vida de su hijo, resolvió el caso sin ceder a las presiones, pero empacó sus maletas y vivió fuera de México 10 años; ahora que volvió lo hizo dispuesta a no huir por miedo y a renunciar ante la corrupción. A fines del mes pasado Eusebio Romero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Cancún, renunció admitiendo que las mafias cubano-estadounidenses de traficantes de personas han incrementado su actividad en ese polo turístico en un 220%.
A fines de marzo del 2007 mientras investigaba casos de trata de mujeres para un libro, me entrevisté, jugando a las escondidillas, con el experto en Inteligencia adscrito a la Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos de la PGR, José Nemesio Lugo, a quien conocí hace años mientras hacía una investigación en Cancún. Después de compartir cierta información, su tono monocorde y serio cambió, se le rasaron los ojos de lágrimas y me preguntó cómo manejaba el miedo, me aseguró que ya no dormía y no confiaba en nadie dentro de la PGR, lo querían asesinar por su investigación sobre trata y tráfico de personas en el aeropuerto de la ciudad de México. Tres semanas después de nuestra conversación, Nemesio fue asesinado a quemarropa a plena luz del día. Él tenía toda la información sobre 47 bandas de tratantes de personas en México, pero lo que no se dijo es que guardaba en su USB personal la lista de gobernadores, jueces, empresarios y funcionarios de PGR y Gobernación que hacen posible la existencia de esas redes de trata de personas. “Quieren crear otra fiscalía”, me dijo Lugo, pero será para desgastar a las víctimas, no van a hacer nada. ¿Por qué decidió dejar la vida en su trabajo a pesar de saber lo que sabía? A él lo que le marcó fue el caso “Divas”: una red de tratantes de niñas, que sigue intocada por PGR. Un día ya no pudo dormir luego de escuchar las historias de las madres y ver las fotografías de las pequeñas. Así de fácil, así de humano.
Esta reflexión resultaría emotiva por el heroísmo que retrata, si no evidenciara la incapacidad endémica del Estado mexicano para salvaguardar tanto a las víctimas de delitos, como a sus funcionarias y funcionarios públicos. Cuando una o un servidor público se ve contra la pared para resolver un asunto complejo, se sabe desprotegido. Por ello la toma de decisiones o se basa en su ética y sentido de responsabilidad, o en sus miedos y debilidades. Pero siempre con la certeza de que el gobierno para el que trabaja no va a protegerle.
Para sobrevivir dentro de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia, en un momento determinado la persona tendrá que saber si está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso la vida. Quien está en el servicio público debe tener la certeza ética de que su vida o su seguridad no valen más que las de las víctimas a quienes debe proteger. Resulta injusto y aberrante exigir semejante sacrificio, pero resistir dentro del sistema pone a prueba a toda persona con convicciones. El poder del miedo deja en indefensión jurídica a la sociedad. El problema es que bajo estas circunstancias, el guante de la justicia esconde el puño del criminal.
www.lydiacacho.net
Tomado del Periodico El Universal
Lydia Cacho
11 de febrero de 2008
El poder del miedo
Durante una cena entre amistades cercanas nos preguntábamos ¿qué factores determinan que una ministra de la Corte sacrifique un voto, o que un fiscal, policía o juez se someta a los designios de las mafias políticas o criminales? Al final de la noche nos quedamos con más preguntas que respuestas.
El ministro Juan Silva Meza me comentó hace unos meses que la primera vez que recibió una amenaza fue en tiempos del juicio a Arturo El Negro Durazo. Quien le llamó a Silva le hizo saber que su hijo podría perder la vida. El juez tomó precauciones pero no se rindió. La ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, siendo magistrada recibió amenazas contra la vida de su hijo, resolvió el caso sin ceder a las presiones, pero empacó sus maletas y vivió fuera de México 10 años; ahora que volvió lo hizo dispuesta a no huir por miedo y a renunciar ante la corrupción. A fines del mes pasado Eusebio Romero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Cancún, renunció admitiendo que las mafias cubano-estadounidenses de traficantes de personas han incrementado su actividad en ese polo turístico en un 220%.
A fines de marzo del 2007 mientras investigaba casos de trata de mujeres para un libro, me entrevisté, jugando a las escondidillas, con el experto en Inteligencia adscrito a la Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos de la PGR, José Nemesio Lugo, a quien conocí hace años mientras hacía una investigación en Cancún. Después de compartir cierta información, su tono monocorde y serio cambió, se le rasaron los ojos de lágrimas y me preguntó cómo manejaba el miedo, me aseguró que ya no dormía y no confiaba en nadie dentro de la PGR, lo querían asesinar por su investigación sobre trata y tráfico de personas en el aeropuerto de la ciudad de México. Tres semanas después de nuestra conversación, Nemesio fue asesinado a quemarropa a plena luz del día. Él tenía toda la información sobre 47 bandas de tratantes de personas en México, pero lo que no se dijo es que guardaba en su USB personal la lista de gobernadores, jueces, empresarios y funcionarios de PGR y Gobernación que hacen posible la existencia de esas redes de trata de personas. “Quieren crear otra fiscalía”, me dijo Lugo, pero será para desgastar a las víctimas, no van a hacer nada. ¿Por qué decidió dejar la vida en su trabajo a pesar de saber lo que sabía? A él lo que le marcó fue el caso “Divas”: una red de tratantes de niñas, que sigue intocada por PGR. Un día ya no pudo dormir luego de escuchar las historias de las madres y ver las fotografías de las pequeñas. Así de fácil, así de humano.
Esta reflexión resultaría emotiva por el heroísmo que retrata, si no evidenciara la incapacidad endémica del Estado mexicano para salvaguardar tanto a las víctimas de delitos, como a sus funcionarias y funcionarios públicos. Cuando una o un servidor público se ve contra la pared para resolver un asunto complejo, se sabe desprotegido. Por ello la toma de decisiones o se basa en su ética y sentido de responsabilidad, o en sus miedos y debilidades. Pero siempre con la certeza de que el gobierno para el que trabaja no va a protegerle.
Para sobrevivir dentro de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia, en un momento determinado la persona tendrá que saber si está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso la vida. Quien está en el servicio público debe tener la certeza ética de que su vida o su seguridad no valen más que las de las víctimas a quienes debe proteger. Resulta injusto y aberrante exigir semejante sacrificio, pero resistir dentro del sistema pone a prueba a toda persona con convicciones. El poder del miedo deja en indefensión jurídica a la sociedad. El problema es que bajo estas circunstancias, el guante de la justicia esconde el puño del criminal.
www.lydiacacho.net
Tomado del Periodico El Universal
La Jornada: Rayuela
Rayuela
Dirán ahora que esos paisanos que buscan asilo en Canadá son unos locos, unos inadaptados. Todo con tal de pretender tapar el Sol con un dedo.
Dirán ahora que esos paisanos que buscan asilo en Canadá son unos locos, unos inadaptados. Todo con tal de pretender tapar el Sol con un dedo.
Buscaron asilo en Canadá más de 5 mil mexicanos en 2007; rechazan a la mayoría
El fenómeno, “reflejo de un país donde las instituciones no garantizan la seguridad”
Buscaron asilo en Canadá más de 5 mil mexicanos en 2007; rechazan a la mayoría
La cerrazón del gobierno de Harper preocupa a activistas que trabajan con los solicitantes
Blanche Petriche / I
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Toronto. La cifra de mexicanos que solicitan asilo en Canadá –cerca de 5 mil 500 en 2007– supera hoy en día a los fugitivos de Colombia y Afganistán, que son países en guerra, y China. “¿Por qué?”, se pregunta el abogado Donald Summers, especializado en casos de inmigración y refugio. “¿Qué realidad están evidenciando estos números? ¿Qué está pasando en México?”
Reflejo de un país donde las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de ciudadanos en riesgo, las historias individuales de estos solicitantes de asilo responden a la pregunta de Summers con más fidelidad y detalle que los informes oficiales sobre México que utilizan las autoridades migratorias canadienses como contexto para juzgar y rechazar la mayor parte de sus solicitudes.
El asilo provocado por persecución política hace tiempo que dejó de estar entre las primeras causas de quienes llegan a territorio canadiense en busca de un lugar seguro. Hoy son otros los motivos que empujan esta migración forzada.
Hay, por ejemplo, un arquitecto que alguna vez recibió un inusual encargo: construir una casa sin ventanas. El cliente resultó ser un narcotraficante. Concluida la obra, el profesionista se convirtió en testigo involuntario de una organización criminal que había que eliminar.
También está el caso de un policía que recibió una jugosa oferta de un cártel del narcotráfico. O la aceptaba o sería ejecutado. No había opción. O el de un trabajador gay despedido de su empleo por discriminación sexual.
Está la historia de una familia –él, abogado; ella, empleada de una delegación estatal de la Secretaría de la Función Pública– que descubrió la desviación de fondos de un alto funcionario del gobierno de Arturo Montiel, en el estado de México. Lo que siguió fueron presiones laborales y después amenazas de muerte.
O la de una mujer golpeada y violada por su marido. Intentó demandar al agresor, pero desde el momento en que se sentó ante el Ministerio Público el hombre la llamaba al celular para amenazarla. Desde la oficina responsable de protegerla la habían delatado. Al salir de la delegación fue brutalmente golpeada por policías amigos del esposo.
O el caso de una joven que, después de sufrir la experiencia límite de un secuestro, se decidió levantar un acta. Dos semanas después recibió una sentencia de muerte de sus secuestradores, puntualmente informados por la propia policía a la que acudió.
De todos los mexicanos solicitantes de asilo entrevistados en Toronto, sólo dos –Luz Gutiérrez Gasca y Anayelli Aguilar– se atreven a dar su nombre y acceden a que sus historias sean publicadas. Para la mayoría, el miedo es parte inseparable de su equipaje. “Por favor, no diga que me vio. No publique nada”, suplica un hombre que figuró en un sonado caso de corrupción gubernamental del sexenio foxista. Pugna por controlar un sollozo.
Como regla no escrita, en los colectivos que trabajan con solicitantes de asilo nadie pregunta nombres, lugares de origen o motivos de su presencia en Canadá.
Mexicanos, los más rechazados
En 2005, la División de Protección al Refugiado de la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá, especie de tribunal especializado, recibió 3 mil 500 peticiones de asilo de mexicanos; el número había “brincado” respecto de las 2 mil 500 solicitudes presentadas un año antes, 2004. Pero fue en 2006 cuando el flujo realmente se disparó: casi cinco mil mexicanos pidieron asilo.
Aunque estos mexicanos alegan “temor fundado de persecución” al pedir asilo –como ordena la Convención de Ginebra–, las autoridades canadienses han cerrado las puertas. Las negativas y las consecuentes deportaciones son abrumadoras. En 2007 sólo fueron recibidos nueve de cada 100 solicitantes. México es el segundo país en cuanto al índice de rechazo de refugiados –12 por ciento–, solamente después de Estados Unidos, de donde sólo se aceptan 3 por ciento de las solicitudes. Le sigue la India, con 13 por ciento. En el extremo opuesto están Burundi, Sri Lanka, Etiopía, de donde se aceptan más de 80 por ciento de las peticiones.
Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) alegan que el gobierno de México ha hecho “esfuerzos” y “progresos” por “hacer más confiables” los cuerpos policiacos. Señalan que los solicitantes de asilo no “aprovechan plenamente” el sistema de procuración de justicia y la “notable infraestructura” de protección a los derechos humanos.
Sectores progresistas y defensores de derechos humanos critican frontalmente estos criterios. Jim Hodgson, coordinador de un programa que trabaja con estos grupos en la iglesia Unión de Iglesias de Canadá, asegura que su gobierno niega la “clara evidencia” de que las estructuras policiacas, de justicia y de derechos humanos del Estado “están fallando en su capacidad de proteger a los ciudadanos” mexicanos.
La creciente cerrazón del gobierno canadiense preocupa a los colectivos que trabajan con los solicitantes de asilo. A finales de enero el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Toronto y la Universidad Ryerson realizaron en esta ciudad dos seminarios bajo el título: ¿Por qué refugiados de México?, convocados por la Iglesia Anglicana, la Unión de Iglesias de Canadá, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados, y la Casa Romero.
La preocupación de los activistas y los propios asilados y solicitantes gira en torno a la definición del gobierno conservador de Stephen Harper hacia México, quien, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad privilegia la relación comercial y económica, abandonando lo que, en opinión de estas organizaciones, es también responsabilidad de su gobierno: el enfoque humanitario y el apego a la tradición canadiense como tierra de asilo y refugio.
Se trata, según asentó Judith Teichman, de “un problema ideológico” que entiende la democratización de México en el contexto de la cadena de “más comercio, más prosperidad y, por tanto, solución a los problemas”, sin considerar que México, dados los problemas de corrupción institucional y penetración del narcotráfico, se acerca más al modelo “de las democracias mínimas, al Estado fallido”.
Juega también la presión xenófoba de sectores de derecha, que perciben el creciente número de solicitantes de asilo como un tsunami que amenaza con invadirlos; aseguran que los mexicanos “abusan” como socios del TLCAN que no requieren visas y se “aprovechan” del sistema de bienestar social y refugio de su país. En opinión del articulista Jeffrey Simpson, en un artículo de The Globe and Mail, el solo hecho de que Canadá considere dar asilo a un mexicano es “una bofetada a nuestro amigo y socio comercial”.
A esto, Kevin Sylvester, popular comentarista de la Radio y Televisión Canadiense (CBC por sus siglas en inglés), responde: “En ocasiones hay que darle una bofetada al amigo para hacerlo enfrentar la realidad”. Y en este caso la realidad, agregó, es hacer ver “que nuestro gobierno está faltando a su responsabilidad al restringir el asilo a mexicanos que son víctimas de las fallas de su propio sistema”.
Abogados que asesoran a los solicitantes de asilo, representantes de albergues y defensores de derechos humanos destacaron que la JIR y la Corte Federal canadienses traicionan los principios del asilo al negar protección a víctimas de persecución en México bajo la “premisa errada” de que tienen la alternativa de acogerse al sistema de derechos humanos que ofrecen las instituciones mexicanas y a la opinión del “vuelo interno”, es decir, cambio de ciudad y de entidad federativa para eludir a sus victimarios.
Tomado de lA Jornada
Buscaron asilo en Canadá más de 5 mil mexicanos en 2007; rechazan a la mayoría
La cerrazón del gobierno de Harper preocupa a activistas que trabajan con los solicitantes
Blanche Petriche / I
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Toronto. La cifra de mexicanos que solicitan asilo en Canadá –cerca de 5 mil 500 en 2007– supera hoy en día a los fugitivos de Colombia y Afganistán, que son países en guerra, y China. “¿Por qué?”, se pregunta el abogado Donald Summers, especializado en casos de inmigración y refugio. “¿Qué realidad están evidenciando estos números? ¿Qué está pasando en México?”
Reflejo de un país donde las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de ciudadanos en riesgo, las historias individuales de estos solicitantes de asilo responden a la pregunta de Summers con más fidelidad y detalle que los informes oficiales sobre México que utilizan las autoridades migratorias canadienses como contexto para juzgar y rechazar la mayor parte de sus solicitudes.
El asilo provocado por persecución política hace tiempo que dejó de estar entre las primeras causas de quienes llegan a territorio canadiense en busca de un lugar seguro. Hoy son otros los motivos que empujan esta migración forzada.
Hay, por ejemplo, un arquitecto que alguna vez recibió un inusual encargo: construir una casa sin ventanas. El cliente resultó ser un narcotraficante. Concluida la obra, el profesionista se convirtió en testigo involuntario de una organización criminal que había que eliminar.
También está el caso de un policía que recibió una jugosa oferta de un cártel del narcotráfico. O la aceptaba o sería ejecutado. No había opción. O el de un trabajador gay despedido de su empleo por discriminación sexual.
Está la historia de una familia –él, abogado; ella, empleada de una delegación estatal de la Secretaría de la Función Pública– que descubrió la desviación de fondos de un alto funcionario del gobierno de Arturo Montiel, en el estado de México. Lo que siguió fueron presiones laborales y después amenazas de muerte.
O la de una mujer golpeada y violada por su marido. Intentó demandar al agresor, pero desde el momento en que se sentó ante el Ministerio Público el hombre la llamaba al celular para amenazarla. Desde la oficina responsable de protegerla la habían delatado. Al salir de la delegación fue brutalmente golpeada por policías amigos del esposo.
O el caso de una joven que, después de sufrir la experiencia límite de un secuestro, se decidió levantar un acta. Dos semanas después recibió una sentencia de muerte de sus secuestradores, puntualmente informados por la propia policía a la que acudió.
De todos los mexicanos solicitantes de asilo entrevistados en Toronto, sólo dos –Luz Gutiérrez Gasca y Anayelli Aguilar– se atreven a dar su nombre y acceden a que sus historias sean publicadas. Para la mayoría, el miedo es parte inseparable de su equipaje. “Por favor, no diga que me vio. No publique nada”, suplica un hombre que figuró en un sonado caso de corrupción gubernamental del sexenio foxista. Pugna por controlar un sollozo.
Como regla no escrita, en los colectivos que trabajan con solicitantes de asilo nadie pregunta nombres, lugares de origen o motivos de su presencia en Canadá.
Mexicanos, los más rechazados
En 2005, la División de Protección al Refugiado de la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá, especie de tribunal especializado, recibió 3 mil 500 peticiones de asilo de mexicanos; el número había “brincado” respecto de las 2 mil 500 solicitudes presentadas un año antes, 2004. Pero fue en 2006 cuando el flujo realmente se disparó: casi cinco mil mexicanos pidieron asilo.
Aunque estos mexicanos alegan “temor fundado de persecución” al pedir asilo –como ordena la Convención de Ginebra–, las autoridades canadienses han cerrado las puertas. Las negativas y las consecuentes deportaciones son abrumadoras. En 2007 sólo fueron recibidos nueve de cada 100 solicitantes. México es el segundo país en cuanto al índice de rechazo de refugiados –12 por ciento–, solamente después de Estados Unidos, de donde sólo se aceptan 3 por ciento de las solicitudes. Le sigue la India, con 13 por ciento. En el extremo opuesto están Burundi, Sri Lanka, Etiopía, de donde se aceptan más de 80 por ciento de las peticiones.
Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) alegan que el gobierno de México ha hecho “esfuerzos” y “progresos” por “hacer más confiables” los cuerpos policiacos. Señalan que los solicitantes de asilo no “aprovechan plenamente” el sistema de procuración de justicia y la “notable infraestructura” de protección a los derechos humanos.
Sectores progresistas y defensores de derechos humanos critican frontalmente estos criterios. Jim Hodgson, coordinador de un programa que trabaja con estos grupos en la iglesia Unión de Iglesias de Canadá, asegura que su gobierno niega la “clara evidencia” de que las estructuras policiacas, de justicia y de derechos humanos del Estado “están fallando en su capacidad de proteger a los ciudadanos” mexicanos.
La creciente cerrazón del gobierno canadiense preocupa a los colectivos que trabajan con los solicitantes de asilo. A finales de enero el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Toronto y la Universidad Ryerson realizaron en esta ciudad dos seminarios bajo el título: ¿Por qué refugiados de México?, convocados por la Iglesia Anglicana, la Unión de Iglesias de Canadá, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados, y la Casa Romero.
La preocupación de los activistas y los propios asilados y solicitantes gira en torno a la definición del gobierno conservador de Stephen Harper hacia México, quien, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad privilegia la relación comercial y económica, abandonando lo que, en opinión de estas organizaciones, es también responsabilidad de su gobierno: el enfoque humanitario y el apego a la tradición canadiense como tierra de asilo y refugio.
Se trata, según asentó Judith Teichman, de “un problema ideológico” que entiende la democratización de México en el contexto de la cadena de “más comercio, más prosperidad y, por tanto, solución a los problemas”, sin considerar que México, dados los problemas de corrupción institucional y penetración del narcotráfico, se acerca más al modelo “de las democracias mínimas, al Estado fallido”.
Juega también la presión xenófoba de sectores de derecha, que perciben el creciente número de solicitantes de asilo como un tsunami que amenaza con invadirlos; aseguran que los mexicanos “abusan” como socios del TLCAN que no requieren visas y se “aprovechan” del sistema de bienestar social y refugio de su país. En opinión del articulista Jeffrey Simpson, en un artículo de The Globe and Mail, el solo hecho de que Canadá considere dar asilo a un mexicano es “una bofetada a nuestro amigo y socio comercial”.
A esto, Kevin Sylvester, popular comentarista de la Radio y Televisión Canadiense (CBC por sus siglas en inglés), responde: “En ocasiones hay que darle una bofetada al amigo para hacerlo enfrentar la realidad”. Y en este caso la realidad, agregó, es hacer ver “que nuestro gobierno está faltando a su responsabilidad al restringir el asilo a mexicanos que son víctimas de las fallas de su propio sistema”.
Abogados que asesoran a los solicitantes de asilo, representantes de albergues y defensores de derechos humanos destacaron que la JIR y la Corte Federal canadienses traicionan los principios del asilo al negar protección a víctimas de persecución en México bajo la “premisa errada” de que tienen la alternativa de acogerse al sistema de derechos humanos que ofrecen las instituciones mexicanas y a la opinión del “vuelo interno”, es decir, cambio de ciudad y de entidad federativa para eludir a sus victimarios.
Tomado de lA Jornada
martes, enero 22, 2008
Rayuela
Lo que nos faltaba. La dupla Bush-Cheney mete una cuña en Pemex a través de la nefasta empresa Halliburton.
(La Jornada)
(La Jornada)
Ganó Pemex 38 mil mdd en 2007 por exportaciones de crudo
Fue el mayor ingreso en la historia de la empresa; queda como la más próspera de AL
Ganó Pemex 38 mil mdd en 2007 por exportaciones de crudo
El mayor contribuyente fiscal del país vendió al exterior un millón 686 mil barriles diarios
Los recursos fueron 9.3% superiores a los de 2006 por el alto precio del petróleo
Israel Rodríguez y Juan Antonio Zúñiga
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Plataforma petrolera en la sonda de Campeche
Foto: Notimex
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que en 2007 obtuvo casi 38 mil millones de dólares por exportaciones de crudo, el mayor ingreso de divisas en la historia de la petrolera, con lo que se consolidó como la empresa más próspera de América Latina, pero también como el mayor contribuyente fiscal del país.
Al exportar un volumen promedio diario de un millón 686 mil barriles de petróleo en sus calidades Istmo, Maya y Olmeca durante el año pasado, Pemex generó un ingreso acumulado de 37 mil 947 millones de dólares, en flujo de efectivo, que representa la captación de recursos más alta registrada en su historia por dicho concepto.
De acuerdo con estadísticas preliminares de la petrolera, los ingresos captados por las ventas externas de crudo fueron superiores en 9.3 por ciento con respecto a 2006, como resultado del precio promedio ponderado alcanzado en la mezcla de petróleo, que al cierre del ejercicio 2007 se ubicó en 61.66 dólares por barril, 8.62 dólares más que la cotización reportada en 2006.
La generación de divisas de Pemex fue de 18.86 dólares por barril por encima del precio promedio presupuestado para la mezcla mexicana establecido por el Congreso en 42.80 dólares por barril para 2007.
Lo anterior cobra especial relevancia en momentos en que el gobierno federal ha puesto en el centro del debate la necesidad de permitir la inversión privada en Pemex, argumentando que la empresa no tiene recursos para invertir.
Política oficial perversa
Al respecto, diversos expertos consideraron que Pemex genera los suficientes recursos para su desarrollo; sin embargo, la aplicación de una política perversa busca debilitar deliberadamente a la compañía más importante de México y de América Latina.
Ignacio Cedillo, analista de mercados internacionales y petróleo de la consultoría económica Bursamétrica aseguró que Pemex está inmerso en un “círculo vicioso”, porque genera dinero, pero el gobierno no hace una asignación justa de los recursos.
Por ejemplo, los recursos excedentes que genera la paraestatal no deberían de ser repartidos entre las diversas entidades federativas, y en su lugar tendrían que ser canalizados a la propia petrolera. “Indebidamente se están canalizando esos recursos a los estados con una política mal enfocada”.
Por su parte, Francisco Garaicochea, premio Nacional de Ingeniería, aseveró que después del gigante petrolero estadunidense Exxon-Mobil, Pemex es la segunda empresa petrolera en el mundo con mayor generación de flujos de efectivo.
Consideró que la posición de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de un sector del Revolucionario Institucional (PRI) que pretenden abrir algunas áreas de la paraestatal al sector privado, es porque están siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, además de las presiones de las grandes petroleras.
Explicó que mientras en otras naciones mantienen a su sector petrolero como estratégico, incluso las que experimentaron la privatización en décadas pasadas, ahora lo empiezan a recuperar, aquí en México estamos empeñados en entregar la renta petrolera a empresas privadas.
Pretextos para beneficiar al capital privado
Felipe Ocampo Torrea, perito en petróleo y petroquímica del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, aseguró que el argumento gubernamental de que Pemex no tiene dinero para capitalizarse es un pretexto para que las empresas privadas se apropien de la muy jugosa renta petrolera. Advirtió que lo que está en juego es la viabilidad de México como país independiente.
El especialista manifestó sus dudas con respecto a que la panacea para Pemex sea la privatización, porque entonces el fisco nacional sufrirá, debido a que ninguna empresa en el mundo, nacional o extranjera, va a querer pagar las tasas impositivas que se le aplican a Pemex.
Por su parte, el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) hizo un llamado a los mexicanos a tomar decisiones e iniciativas propias, sin esperar que los legisladores traicionen a la nación entregando a Pemex a los capitales privados. “No es asunto parlamentario porque en esa instancia existen nulas posibilidades”, alertó Aarón Hernández, dirigente de esta organización.
La histórica captación por exportaciones de crudo en 2007, se obtuvo pese a que la producción de crudo de la petrolera mexicana disminuyó 174 mil barriles diarios, equivalente a una baja de 5.3 por ciento con respecto al 2006.
La reducción en la plataforma de producción fue provocada por la declinación prevista del yacimiento de Cantarell, el tercero más importante en el mundo, y a diversos eventos climatológicos que afectaron la plataforma de producción. Pemex explicó que los eventos climatológicos como el huracán Dean y el frente frío número cinco, entre otros, ocasionaron una disminución anual en la producción de crudo estimada en 40 mil 318 barriles diarios.
(La Jornada)
Ganó Pemex 38 mil mdd en 2007 por exportaciones de crudo
El mayor contribuyente fiscal del país vendió al exterior un millón 686 mil barriles diarios
Los recursos fueron 9.3% superiores a los de 2006 por el alto precio del petróleo
Israel Rodríguez y Juan Antonio Zúñiga
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Plataforma petrolera en la sonda de Campeche
Foto: Notimex
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que en 2007 obtuvo casi 38 mil millones de dólares por exportaciones de crudo, el mayor ingreso de divisas en la historia de la petrolera, con lo que se consolidó como la empresa más próspera de América Latina, pero también como el mayor contribuyente fiscal del país.
Al exportar un volumen promedio diario de un millón 686 mil barriles de petróleo en sus calidades Istmo, Maya y Olmeca durante el año pasado, Pemex generó un ingreso acumulado de 37 mil 947 millones de dólares, en flujo de efectivo, que representa la captación de recursos más alta registrada en su historia por dicho concepto.
De acuerdo con estadísticas preliminares de la petrolera, los ingresos captados por las ventas externas de crudo fueron superiores en 9.3 por ciento con respecto a 2006, como resultado del precio promedio ponderado alcanzado en la mezcla de petróleo, que al cierre del ejercicio 2007 se ubicó en 61.66 dólares por barril, 8.62 dólares más que la cotización reportada en 2006.
La generación de divisas de Pemex fue de 18.86 dólares por barril por encima del precio promedio presupuestado para la mezcla mexicana establecido por el Congreso en 42.80 dólares por barril para 2007.
Lo anterior cobra especial relevancia en momentos en que el gobierno federal ha puesto en el centro del debate la necesidad de permitir la inversión privada en Pemex, argumentando que la empresa no tiene recursos para invertir.
Política oficial perversa
Al respecto, diversos expertos consideraron que Pemex genera los suficientes recursos para su desarrollo; sin embargo, la aplicación de una política perversa busca debilitar deliberadamente a la compañía más importante de México y de América Latina.
Ignacio Cedillo, analista de mercados internacionales y petróleo de la consultoría económica Bursamétrica aseguró que Pemex está inmerso en un “círculo vicioso”, porque genera dinero, pero el gobierno no hace una asignación justa de los recursos.
Por ejemplo, los recursos excedentes que genera la paraestatal no deberían de ser repartidos entre las diversas entidades federativas, y en su lugar tendrían que ser canalizados a la propia petrolera. “Indebidamente se están canalizando esos recursos a los estados con una política mal enfocada”.
Por su parte, Francisco Garaicochea, premio Nacional de Ingeniería, aseveró que después del gigante petrolero estadunidense Exxon-Mobil, Pemex es la segunda empresa petrolera en el mundo con mayor generación de flujos de efectivo.
Consideró que la posición de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de un sector del Revolucionario Institucional (PRI) que pretenden abrir algunas áreas de la paraestatal al sector privado, es porque están siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, además de las presiones de las grandes petroleras.
Explicó que mientras en otras naciones mantienen a su sector petrolero como estratégico, incluso las que experimentaron la privatización en décadas pasadas, ahora lo empiezan a recuperar, aquí en México estamos empeñados en entregar la renta petrolera a empresas privadas.
Pretextos para beneficiar al capital privado
Felipe Ocampo Torrea, perito en petróleo y petroquímica del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, aseguró que el argumento gubernamental de que Pemex no tiene dinero para capitalizarse es un pretexto para que las empresas privadas se apropien de la muy jugosa renta petrolera. Advirtió que lo que está en juego es la viabilidad de México como país independiente.
El especialista manifestó sus dudas con respecto a que la panacea para Pemex sea la privatización, porque entonces el fisco nacional sufrirá, debido a que ninguna empresa en el mundo, nacional o extranjera, va a querer pagar las tasas impositivas que se le aplican a Pemex.
Por su parte, el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) hizo un llamado a los mexicanos a tomar decisiones e iniciativas propias, sin esperar que los legisladores traicionen a la nación entregando a Pemex a los capitales privados. “No es asunto parlamentario porque en esa instancia existen nulas posibilidades”, alertó Aarón Hernández, dirigente de esta organización.
La histórica captación por exportaciones de crudo en 2007, se obtuvo pese a que la producción de crudo de la petrolera mexicana disminuyó 174 mil barriles diarios, equivalente a una baja de 5.3 por ciento con respecto al 2006.
La reducción en la plataforma de producción fue provocada por la declinación prevista del yacimiento de Cantarell, el tercero más importante en el mundo, y a diversos eventos climatológicos que afectaron la plataforma de producción. Pemex explicó que los eventos climatológicos como el huracán Dean y el frente frío número cinco, entre otros, ocasionaron una disminución anual en la producción de crudo estimada en 40 mil 318 barriles diarios.
(La Jornada)
domingo, enero 06, 2008
Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral
La cancelación de su noticiario en la W es una verdadera censura, dice el ex senador
Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos
Emir Olivares Alonso
La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.
En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.
“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.
La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.
Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.
Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.
“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.
El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.
Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.
La Jornada
Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos
Emir Olivares Alonso
La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.
En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.
“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.
La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.
Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.
Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.
“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.
El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.
Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.
La Jornada
viernes, enero 04, 2008
Asunto: Perdido en Foxilandia
Dinero
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Regístrese en el foro: http://dinero.tv/mexico/index.php
e@Vox Populi
Asunto: perdido en foxilandia
Mi estimado Daniel Tuyub: me pregunto a qué le llamas vivir bien en Cancún. De seguro puedes caminar a horas de la madrugada sin temor a ser asaltado; cuando alguien te habla de levantados o secuestros exprés estoy seguro que no tienes ni idea de lo que se trata. No sabes lo que es un apagón de luz o falta de agua porque nunca han sucedido. De seguro ahora que vas a tener un hijo el gobierno te va a dar beneficios en el pago de tus impuestos, además de un subsidio para ayudarte a ti y a tu familia. Obviamente veo que confías ciegamente en la policía estatal, ya que es tan efectiva que no es necesario que cargue pistolas o ametralladoras para desempeñar su trabajo. También de seguro puedes ver una de las mejores programaciones del mundo en cuatro canales de tu tele, obviamente sin anuncios. Yo acá también vivo bien, gracias, aunque no estoy en Cancún. (Tendré que averiguar si vale la pena mudarme para allá). Aquí el banco me prestó 95 por ciento del valor de una casita con una hipoteca de 30 años, a una tasa de 5 por ciento anual. ¿Cómo ves? La canasta básica cuesta lo mismo desde hace cuatro años, inclusive algunos productos bajaron de precio. El salario mínimo subió 2 por ciento más que la inflación en 2007. No está nada mal: el mínimo es de 122 pesos la hora, ¿cuanto te pagan por allá? Pero, por supuesto, al igual que tú, yo no pago por las autopistas porque son gratis, así como los pediatras para el chamaco, las vacunas y los hospitales. Por aquí me puedo dar lujitos de repente y viajar un fin de semana a cualquier ciudad de Europa (por avión), lo que me cuesta cerca de 600 pesos (boleto redondo) siempre y cuando compre los boletos con bastante antelación (dos-tres meses) usando el Internet, el cual es a cinco megas y gratis con el contrato de Sky (300 pesos al mes). Mi contrato de celular me cuesta 500 pesos al mes por 800 minutos y 400 mensajes. Obviamente el aparato viene incluido (Nokia N95) con el paquete. ¿Cuánto pagas tú en Cancún? El primer ministro de este país, el muy pobre gana menos que el presidente de México y sus secretarios de Estado, y además creo que pago menos impuestos que tú: 22 por ciento. Ya de paso te digo que tengo como mínimo 25 días de vacaciones obligatorios más siete días de asueto, o sea, 32 días al año en total, y si pierdo el trabajo el gobierno me da una ayuda al mes en lo que encuentro otro. Un gobierno “populista” dirían en México. Eso sí: aquí no tenemos al hombre más rico de mundo como allá, ni el petróleo ni las playas de Cancún ni a la señora Marta con su rancho. Aquí sólo hay la exitosa combinación de un gobierno de centro-izquierda con gente no conformista y trabajadora.
Saludos desde Cambridge, Inglaterra.
Jorge Giménez
R: Para quienes van regresando de vacaciones y se perdieron el principio de esta amistosa discusión. El martes publiqué un comentario titulado “Los bebés que nazcan este año”, señalando que desde ahora tienen un destino fatalmente determinado: serán empleados de los nietos de Slim o braceros, entre otras no más promisorias opciones. Daniel Tuyub, de Cancún, con la libertad de este espacio abierto a todas las opiniones, expresó que “el próximo 20 de enero nace mi primer bebé y espero que tus predicciones no afecten a mi crío, porque está cabrón. Tengo 29 años, nací en un poblado de Campeche y hoy resido en Cancún. Vivo muy bien al igual que muchos mexicanos, al menos los que trabajamos y no perdemos el tiempo”. Mi comentario a su comentario fue que me sorprendía que dijera que vive muy bien, porque vivir bien, lo que se llama bien, sólo pueden decirlo 100 familias, cuando mucho. Y no he visto su nombre en la lista de Forbes. Ahora nuestro también estimado amigo George Giménez, desde Cambridge, donde reside, nos regala una sátira que resume la diferencia entre vivir bien en un país del primer mundo y andar perdido en foxilandia.
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Regístrese en el foro: http://dinero.tv/mexico/index.php
e@Vox Populi
Asunto: perdido en foxilandia
Mi estimado Daniel Tuyub: me pregunto a qué le llamas vivir bien en Cancún. De seguro puedes caminar a horas de la madrugada sin temor a ser asaltado; cuando alguien te habla de levantados o secuestros exprés estoy seguro que no tienes ni idea de lo que se trata. No sabes lo que es un apagón de luz o falta de agua porque nunca han sucedido. De seguro ahora que vas a tener un hijo el gobierno te va a dar beneficios en el pago de tus impuestos, además de un subsidio para ayudarte a ti y a tu familia. Obviamente veo que confías ciegamente en la policía estatal, ya que es tan efectiva que no es necesario que cargue pistolas o ametralladoras para desempeñar su trabajo. También de seguro puedes ver una de las mejores programaciones del mundo en cuatro canales de tu tele, obviamente sin anuncios. Yo acá también vivo bien, gracias, aunque no estoy en Cancún. (Tendré que averiguar si vale la pena mudarme para allá). Aquí el banco me prestó 95 por ciento del valor de una casita con una hipoteca de 30 años, a una tasa de 5 por ciento anual. ¿Cómo ves? La canasta básica cuesta lo mismo desde hace cuatro años, inclusive algunos productos bajaron de precio. El salario mínimo subió 2 por ciento más que la inflación en 2007. No está nada mal: el mínimo es de 122 pesos la hora, ¿cuanto te pagan por allá? Pero, por supuesto, al igual que tú, yo no pago por las autopistas porque son gratis, así como los pediatras para el chamaco, las vacunas y los hospitales. Por aquí me puedo dar lujitos de repente y viajar un fin de semana a cualquier ciudad de Europa (por avión), lo que me cuesta cerca de 600 pesos (boleto redondo) siempre y cuando compre los boletos con bastante antelación (dos-tres meses) usando el Internet, el cual es a cinco megas y gratis con el contrato de Sky (300 pesos al mes). Mi contrato de celular me cuesta 500 pesos al mes por 800 minutos y 400 mensajes. Obviamente el aparato viene incluido (Nokia N95) con el paquete. ¿Cuánto pagas tú en Cancún? El primer ministro de este país, el muy pobre gana menos que el presidente de México y sus secretarios de Estado, y además creo que pago menos impuestos que tú: 22 por ciento. Ya de paso te digo que tengo como mínimo 25 días de vacaciones obligatorios más siete días de asueto, o sea, 32 días al año en total, y si pierdo el trabajo el gobierno me da una ayuda al mes en lo que encuentro otro. Un gobierno “populista” dirían en México. Eso sí: aquí no tenemos al hombre más rico de mundo como allá, ni el petróleo ni las playas de Cancún ni a la señora Marta con su rancho. Aquí sólo hay la exitosa combinación de un gobierno de centro-izquierda con gente no conformista y trabajadora.
Saludos desde Cambridge, Inglaterra.
Jorge Giménez
R: Para quienes van regresando de vacaciones y se perdieron el principio de esta amistosa discusión. El martes publiqué un comentario titulado “Los bebés que nazcan este año”, señalando que desde ahora tienen un destino fatalmente determinado: serán empleados de los nietos de Slim o braceros, entre otras no más promisorias opciones. Daniel Tuyub, de Cancún, con la libertad de este espacio abierto a todas las opiniones, expresó que “el próximo 20 de enero nace mi primer bebé y espero que tus predicciones no afecten a mi crío, porque está cabrón. Tengo 29 años, nací en un poblado de Campeche y hoy resido en Cancún. Vivo muy bien al igual que muchos mexicanos, al menos los que trabajamos y no perdemos el tiempo”. Mi comentario a su comentario fue que me sorprendía que dijera que vive muy bien, porque vivir bien, lo que se llama bien, sólo pueden decirlo 100 familias, cuando mucho. Y no he visto su nombre en la lista de Forbes. Ahora nuestro también estimado amigo George Giménez, desde Cambridge, donde reside, nos regala una sátira que resume la diferencia entre vivir bien en un país del primer mundo y andar perdido en foxilandia.
La Jornada
Suertudo
Dinero
Enrique Galván Ochoa
La Lotería Nacional solía hacer el milagro de que algunas familias dejaran la pobreza por la vía del chiripazo. Por lo que se ve hasta el camino de la suerte nos lo están cerrando. El gordo de fin de año, con su premio de 75 millones de pesos, lo sacó el gobernador priísta de Veracruz, Fidel Herrera. Ya no tendrá qué contarnos una historia de cowboys jarochos para justificar por qué saldrá millonario del gobierno.
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
La Lotería Nacional solía hacer el milagro de que algunas familias dejaran la pobreza por la vía del chiripazo. Por lo que se ve hasta el camino de la suerte nos lo están cerrando. El gordo de fin de año, con su premio de 75 millones de pesos, lo sacó el gobernador priísta de Veracruz, Fidel Herrera. Ya no tendrá qué contarnos una historia de cowboys jarochos para justificar por qué saldrá millonario del gobierno.
La Jornada
Rayuela
Sí, "ha habido incompatibilidad de intereses", y los hay, a mucha honra. ¿No es así, tocaya?, pero lo que se dice que definió el despido de la periodista, no es otra cosa que la intervención de uno de los dos cuñados incómodos, que por cierto, desde este sexenio trabaja para la española PRISA.
La jornada
La jornada
Saldrá Aristegui de W; es incompatible con el modelo editorial de la emisora
El contrato de la comunicadora vence mañana y la estación decidió no renovarlo
Durante 2007 se conocieron presiones patronales para limitar la crítica de la periodista
Blanche Petrich
Ampliar la imagen
Carmen Aristegui se despedirá este viernes del programa Hoy por hoy
Foto: Carlos Cisneros
La radioemisora W, copropiedad de Televisa y el Grupo Editorial Prisa, de España, decidió ayer no renovar el contrato de la periodista Carmen Artistegui, conductora del noticiero matutino Hoy por hoy, que formalmente vence este 5 de enero.
Los directivos de la W comunicaron lo anterior a los reporteros del noticiario. Por tanto, este viernes la reconocida periodista se despedirá al aire de su audiencia en su espacio radiofónico, que se transmitirá, como de costumbre, y por última vez, de seis a 10 de la mañana.
Desde hace algunos días, la negociación para la renovación del contrato de la conductora se había estancado. Fuentes cercanas a la periodista revelaron que la empresa sostuvo que la labor desarrollada por Aristegui durante cinco años en esa radioemisora “dejó de ser compatible con el modelo editorial” del consorcio.
Sin embargo, todavía anoche y después de haber notificado a los reporteros a su cargo que hoy sería el último día de trabajo de Aristegui en el noticiario, algunos directivos de segundo nivel sostenían, como “versión oficial”, que la negociación por la renovación del contrato “estaba difícil pero seguía su curso”.
A lo largo de 2007 se empezaron a conocer las presiones de los consorcios Televisa y Prisa por limitar los márgenes de crítica de la periodista. Aristegui fue la única voz en el espectro televisivo y radioeléctrico que dio espacio a voces opuestas a la ley que pretendía perpetuar el poder del duopolio Televisa-Televisión Azteca.
Durante la campaña electoral de 2006, sólo esta conductora dio espacio en medios electrónicos al papel que jugó el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, en la manipulación del padrón de electores.
Apenas asumida la Presidencia por el panista Felipe Calderón, su otro cuñado y cercano amigo Juan Ignacio Zavala fue nombrado representante de los intereses del consorcio multimedios hispano Prisa.
En marzo fue nombrado director de la W el periodista Daniel Moreno, hombre cercano a Zavala y a la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún. En ese periodo, la oficina de prensa de Los Pinos concedió entrevistas prácticamente a todos los conductores de los noticiarios electrónicos. Carmen Aristegui fue excluida, notablemente, de este programa de difusión.
Aristegui, reconocida como una de las líderes de opinión más importantes de México, ingresó a la W hace cinco años, a raíz del conflicto con Pedro Ferriz de Con, quien la expulsó –a ella y al conductor Javier Solórzano– del noticiario Imagen Informativa, de Grupo Imagen.
En años recientes, Aristegui llevó al noticiario matutino Hoy por hoy a sus más altos niveles de audiencia, por encima de la barra de noticias de Radio Fórmula que conduce Óscar Mario Beteta a la misma hora. Oficialmente éste es señalado como el de mayor rating en el espacio radiofónico.
La conductora, también titular del programa de entrevistas Aristegui, de la CNN en español, afianzó su prestigio y reconocimiento por la forma crítica y a profundidad con que abordó temas controvertidos.
En su espacio se ventilaron con amplitud las dudas en torno a los resultados de las elecciones de 2006 y la resolución del tribunal electoral; la versión de la “muerte por gastritis” de la anciana nahua Ernestina Ascensión, de la sierra Zongolica; las denuncias de encubrimiento del cardenal Norberto Rivera a curas pederastas; el caso del presunto pederasta Succar Kuri y la periodista Lydia Cacho, y el posterior fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín. Éstos, entre una gran gama de temas usualmente acallados en radio y televisión.
La Jornada
Durante 2007 se conocieron presiones patronales para limitar la crítica de la periodista
Blanche Petrich
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Carmen Aristegui se despedirá este viernes del programa Hoy por hoy
Foto: Carlos Cisneros
La radioemisora W, copropiedad de Televisa y el Grupo Editorial Prisa, de España, decidió ayer no renovar el contrato de la periodista Carmen Artistegui, conductora del noticiero matutino Hoy por hoy, que formalmente vence este 5 de enero.
Los directivos de la W comunicaron lo anterior a los reporteros del noticiario. Por tanto, este viernes la reconocida periodista se despedirá al aire de su audiencia en su espacio radiofónico, que se transmitirá, como de costumbre, y por última vez, de seis a 10 de la mañana.
Desde hace algunos días, la negociación para la renovación del contrato de la conductora se había estancado. Fuentes cercanas a la periodista revelaron que la empresa sostuvo que la labor desarrollada por Aristegui durante cinco años en esa radioemisora “dejó de ser compatible con el modelo editorial” del consorcio.
Sin embargo, todavía anoche y después de haber notificado a los reporteros a su cargo que hoy sería el último día de trabajo de Aristegui en el noticiario, algunos directivos de segundo nivel sostenían, como “versión oficial”, que la negociación por la renovación del contrato “estaba difícil pero seguía su curso”.
A lo largo de 2007 se empezaron a conocer las presiones de los consorcios Televisa y Prisa por limitar los márgenes de crítica de la periodista. Aristegui fue la única voz en el espectro televisivo y radioeléctrico que dio espacio a voces opuestas a la ley que pretendía perpetuar el poder del duopolio Televisa-Televisión Azteca.
Durante la campaña electoral de 2006, sólo esta conductora dio espacio en medios electrónicos al papel que jugó el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, en la manipulación del padrón de electores.
Apenas asumida la Presidencia por el panista Felipe Calderón, su otro cuñado y cercano amigo Juan Ignacio Zavala fue nombrado representante de los intereses del consorcio multimedios hispano Prisa.
En marzo fue nombrado director de la W el periodista Daniel Moreno, hombre cercano a Zavala y a la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún. En ese periodo, la oficina de prensa de Los Pinos concedió entrevistas prácticamente a todos los conductores de los noticiarios electrónicos. Carmen Aristegui fue excluida, notablemente, de este programa de difusión.
Aristegui, reconocida como una de las líderes de opinión más importantes de México, ingresó a la W hace cinco años, a raíz del conflicto con Pedro Ferriz de Con, quien la expulsó –a ella y al conductor Javier Solórzano– del noticiario Imagen Informativa, de Grupo Imagen.
En años recientes, Aristegui llevó al noticiario matutino Hoy por hoy a sus más altos niveles de audiencia, por encima de la barra de noticias de Radio Fórmula que conduce Óscar Mario Beteta a la misma hora. Oficialmente éste es señalado como el de mayor rating en el espacio radiofónico.
La conductora, también titular del programa de entrevistas Aristegui, de la CNN en español, afianzó su prestigio y reconocimiento por la forma crítica y a profundidad con que abordó temas controvertidos.
En su espacio se ventilaron con amplitud las dudas en torno a los resultados de las elecciones de 2006 y la resolución del tribunal electoral; la versión de la “muerte por gastritis” de la anciana nahua Ernestina Ascensión, de la sierra Zongolica; las denuncias de encubrimiento del cardenal Norberto Rivera a curas pederastas; el caso del presunto pederasta Succar Kuri y la periodista Lydia Cacho, y el posterior fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín. Éstos, entre una gran gama de temas usualmente acallados en radio y televisión.
La Jornada
domingo, diciembre 30, 2007
Periodistas prostitutos: Norberto Rivera
Cartones - La Jornada
¿Qua pasa en PEMEX?: En contexto con Ruben Luengas
Cuando el gobierno pierde la vergüenza, el pueblo pierde el respeto
Mario Di Costanzo*
No cabe la menor duda que el título de este artículo refleja fielmente lo que sucederá en el país si el llamado gobierno de la estabilidad y el empleo insiste, con la complacencia del PRI y de algunos “progresistas” del PRD, en continuar con su desastroso proyecto económico.
Un proyecto que evidencia tan magros resultados en el año que concluye, que no sólo provoca inciertas proyecciones sobre el ambiente económico, social y financiero para el que iniciará en un par de días, sino que además demuestra que el gobierno ya ha contaminado al propio Estado mexicano y a sus instituciones.
Así, por ejemplo, mientras que en el año que iniciará las personas con ingresos por salarios o por honorarios de hasta 25 mil pesos mensuales verán incrementado hasta en 100 por ciento el pago de sus impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 (PAAAS-08) publicado en su página de Internet proyecta adquirir entre otras cosas un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras como Lonol.
A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, ralladoras, batidoras, rebanadoras, platos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.
Además de balones de futbol, pelotas de tenis y ligas cortas y largas para practicar Pilates… hasta “caminadoras con inclinación”.
También artículos y prendas de vestir para caballero y dama, donde destacan los trajes sastre y el calzado, así como galletas, azúcar, café, té y refrescos.
Figuran igualmente lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios, así como refrigeradores, hornos de microondas, aires acondicionados y ventiladores.
El llamado PAAAS-08 tiene previsto asimismo los pagos de tenencia y mantenimiento de vehículos oficiales, los viáticos, la adquisición de televisiones de plasma y la contratación de servicios de televisión privada como Sky, con sus paquetes Movie City y Fun.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos –que por cierto recibirá un presupuesto para el año que iniciará de más de 35 millones de pesos– autorizó un incremento a los minisalarios de apenas 2.02 pesos, lo cual implica que una persona que recibe el salario mínimo y que en enero de 2006 tenía que destinar 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de frijol, para enero de 2008 tendrá que destinar 2.74 horas de trabajo –con todo y su “jugoso” incremento– para lo mismo.
Claro que los diputados federales encargados, entre otras cosas, de revisar el “buen uso de los recursos públicos”, no pueden decir nada ante este tipo de situaciones, pues ahora se sabe que a principios de diciembre decidieron repartirse como “bono especial adicional” de Navidad más de 53 millones de pesos, producto del remanente del presupuesto que la Cámara de Diputados no gastó durante 2007 y que tenían obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación.
Mientras tanto, la fecha fatal del Tratado de Libre Comercio ha llegado: en dos días más habrán de liberalizarse las importaciones de maíz, frijol y otras muchas más; y el gobierno, a pesar de contar con alternativas, nada dice ni nada hace.
A este respecto, es justo recordar que México podría acogerse a los Acuerdos sobre Agricultura y sobre Subsidios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no menos importante es recordar que Estados Unidos es la nación que más subsidia a su agricultura.
Hay que recordar, además, que la propia OMC no habla en sus preceptos solamente de comercio, sino que también establece mecanismos sobre la seguridad alimentaria; para fomentar el desarrollo económico regional y la exportación; para mantener un equilibrio en las balanzas de pago e inclusive que, con base en ese acuerdo y el de subsidios, Brasil ya ganó un caso en la OMC contra el algodón de Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, el no decir y sobre todo el no hacer de nuestro gobierno demuestra que tanto éste como el Estado han perdido la vergüenza y el pueblo pronto, muy pronto, les perderá el respeto.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
La Jornada
No cabe la menor duda que el título de este artículo refleja fielmente lo que sucederá en el país si el llamado gobierno de la estabilidad y el empleo insiste, con la complacencia del PRI y de algunos “progresistas” del PRD, en continuar con su desastroso proyecto económico.
Un proyecto que evidencia tan magros resultados en el año que concluye, que no sólo provoca inciertas proyecciones sobre el ambiente económico, social y financiero para el que iniciará en un par de días, sino que además demuestra que el gobierno ya ha contaminado al propio Estado mexicano y a sus instituciones.
Así, por ejemplo, mientras que en el año que iniciará las personas con ingresos por salarios o por honorarios de hasta 25 mil pesos mensuales verán incrementado hasta en 100 por ciento el pago de sus impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 (PAAAS-08) publicado en su página de Internet proyecta adquirir entre otras cosas un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras como Lonol.
A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, ralladoras, batidoras, rebanadoras, platos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.
Además de balones de futbol, pelotas de tenis y ligas cortas y largas para practicar Pilates… hasta “caminadoras con inclinación”.
También artículos y prendas de vestir para caballero y dama, donde destacan los trajes sastre y el calzado, así como galletas, azúcar, café, té y refrescos.
Figuran igualmente lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios, así como refrigeradores, hornos de microondas, aires acondicionados y ventiladores.
El llamado PAAAS-08 tiene previsto asimismo los pagos de tenencia y mantenimiento de vehículos oficiales, los viáticos, la adquisición de televisiones de plasma y la contratación de servicios de televisión privada como Sky, con sus paquetes Movie City y Fun.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos –que por cierto recibirá un presupuesto para el año que iniciará de más de 35 millones de pesos– autorizó un incremento a los minisalarios de apenas 2.02 pesos, lo cual implica que una persona que recibe el salario mínimo y que en enero de 2006 tenía que destinar 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de frijol, para enero de 2008 tendrá que destinar 2.74 horas de trabajo –con todo y su “jugoso” incremento– para lo mismo.
Claro que los diputados federales encargados, entre otras cosas, de revisar el “buen uso de los recursos públicos”, no pueden decir nada ante este tipo de situaciones, pues ahora se sabe que a principios de diciembre decidieron repartirse como “bono especial adicional” de Navidad más de 53 millones de pesos, producto del remanente del presupuesto que la Cámara de Diputados no gastó durante 2007 y que tenían obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación.
Mientras tanto, la fecha fatal del Tratado de Libre Comercio ha llegado: en dos días más habrán de liberalizarse las importaciones de maíz, frijol y otras muchas más; y el gobierno, a pesar de contar con alternativas, nada dice ni nada hace.
A este respecto, es justo recordar que México podría acogerse a los Acuerdos sobre Agricultura y sobre Subsidios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no menos importante es recordar que Estados Unidos es la nación que más subsidia a su agricultura.
Hay que recordar, además, que la propia OMC no habla en sus preceptos solamente de comercio, sino que también establece mecanismos sobre la seguridad alimentaria; para fomentar el desarrollo económico regional y la exportación; para mantener un equilibrio en las balanzas de pago e inclusive que, con base en ese acuerdo y el de subsidios, Brasil ya ganó un caso en la OMC contra el algodón de Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, el no decir y sobre todo el no hacer de nuestro gobierno demuestra que tanto éste como el Estado han perdido la vergüenza y el pueblo pronto, muy pronto, les perderá el respeto.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
La Jornada
Buenos resultados en tiempos difíciles
El despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx
Ha sido un año duro para AMLO y su movimiento. Las fuerzas conservadoras han formado de hecho un gobierno de coalición entre el PRI y el PAN. En el Congreso incluso las fracciones perredistas se han opuesto a la mayoría de sus iniciativas. Pocos gobernadores del PRD han guardado distancia con Calderón. La clase política en general pareciera dispuesta a negar la posibilidad a AMLO de ser un competidor político temible. Los medios y el alto clero se han asociado para continuar la campaña negra emprendida contra el tabasqueño en 2006.
Sin embargo, Calderón no lo ha vencido, no ha podido reducir a su movimiento en un factor marginal como logró Salinas con el cardenismo entre 1989 y 1991. AMLO ha entendido que no podía optar por la violencia y que tenía que moderar la resistencia civil para no causar daños brutales a la sociedad. Ha preferido ir a su base fundamental para construir de ahí una nueva ofensiva y lo ha hecho bien. Casi 2 millones de personas se han registrado en su movimiento. Su teleprograma de madrugada, su único espacio en la televisión, ha llegado a tener audiencia de un millón 600 mil personas. Ha visitado más de mil municipios y ha constatado que en todos hay grupos obradoristas. La mayoría espontáneos.
Ningún político tiene recursos semejantes. Calderón no se puede presentar en público sin ir acompañado de un batallón de guardaespaldas. Después de un declive, Andrés Manuel ha tomado rumbo y 27% de la población dice estar de acuerdo con él. Cuando la popularidad y la confianza por Calderón están claramente a la baja a pesar de más de 2 mil millones invertidos en propaganda.
Ha triunfado la resistencia. La derecha mexicana, una de las más reaccionarias del mundo, no ha podido borrar a AMLO del escenario. Hoy es una figura pública importantísima. Aunque se le niega y se le calumnia, impone su presencia y su agenda. El gobierno y los partidos van a la zaga de sus planteamientos. En un país de monopolios, él tiene un monopolio virtual de la oposición. Es el único que actúa como un verdadero opositor señalando los peores defectos del gobierno de Calderón.
Además el ex jefe de Gobierno del DF ha hecho aportaciones trascendentales a la vida pública. Para empezar ha puesto el dedo en la llaga del peor problema de México: la desigualdad. Está despertando una conciencia en las masas de cuál es la razón por la que no crece el país que socava la cohesión social. A pesar de que la mayoría de los políticos y los intelectuales están esquivando el tema, pronto la opinión pública tendrá que afrontarla.
Sin su activismo y capacidad organizativa las tendencias salvajes y ultra radicales en una sociedad agraviada habrían estallado. El PRI y el PAN estarían dispuestos a establecer una fórmula para alternarse indefinidamente en el poder sin cambiar las políticas que favorecen a los intereses de la oligarquía. AMLO ha propuesto una alternativa al gobierno conservador y a la decadencia de la política. Ha reintroducido la épica en nuestra vida pública. Su hazaña es luchar sin prisa ni pausa para crear una verdadera alternativa sin la cual la democracia mexicana quedaría como un propósito histórico quebrado.
La Jornada
José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx
Ha sido un año duro para AMLO y su movimiento. Las fuerzas conservadoras han formado de hecho un gobierno de coalición entre el PRI y el PAN. En el Congreso incluso las fracciones perredistas se han opuesto a la mayoría de sus iniciativas. Pocos gobernadores del PRD han guardado distancia con Calderón. La clase política en general pareciera dispuesta a negar la posibilidad a AMLO de ser un competidor político temible. Los medios y el alto clero se han asociado para continuar la campaña negra emprendida contra el tabasqueño en 2006.
Sin embargo, Calderón no lo ha vencido, no ha podido reducir a su movimiento en un factor marginal como logró Salinas con el cardenismo entre 1989 y 1991. AMLO ha entendido que no podía optar por la violencia y que tenía que moderar la resistencia civil para no causar daños brutales a la sociedad. Ha preferido ir a su base fundamental para construir de ahí una nueva ofensiva y lo ha hecho bien. Casi 2 millones de personas se han registrado en su movimiento. Su teleprograma de madrugada, su único espacio en la televisión, ha llegado a tener audiencia de un millón 600 mil personas. Ha visitado más de mil municipios y ha constatado que en todos hay grupos obradoristas. La mayoría espontáneos.
Ningún político tiene recursos semejantes. Calderón no se puede presentar en público sin ir acompañado de un batallón de guardaespaldas. Después de un declive, Andrés Manuel ha tomado rumbo y 27% de la población dice estar de acuerdo con él. Cuando la popularidad y la confianza por Calderón están claramente a la baja a pesar de más de 2 mil millones invertidos en propaganda.
Ha triunfado la resistencia. La derecha mexicana, una de las más reaccionarias del mundo, no ha podido borrar a AMLO del escenario. Hoy es una figura pública importantísima. Aunque se le niega y se le calumnia, impone su presencia y su agenda. El gobierno y los partidos van a la zaga de sus planteamientos. En un país de monopolios, él tiene un monopolio virtual de la oposición. Es el único que actúa como un verdadero opositor señalando los peores defectos del gobierno de Calderón.
Además el ex jefe de Gobierno del DF ha hecho aportaciones trascendentales a la vida pública. Para empezar ha puesto el dedo en la llaga del peor problema de México: la desigualdad. Está despertando una conciencia en las masas de cuál es la razón por la que no crece el país que socava la cohesión social. A pesar de que la mayoría de los políticos y los intelectuales están esquivando el tema, pronto la opinión pública tendrá que afrontarla.
Sin su activismo y capacidad organizativa las tendencias salvajes y ultra radicales en una sociedad agraviada habrían estallado. El PRI y el PAN estarían dispuestos a establecer una fórmula para alternarse indefinidamente en el poder sin cambiar las políticas que favorecen a los intereses de la oligarquía. AMLO ha propuesto una alternativa al gobierno conservador y a la decadencia de la política. Ha reintroducido la épica en nuestra vida pública. Su hazaña es luchar sin prisa ni pausa para crear una verdadera alternativa sin la cual la democracia mexicana quedaría como un propósito histórico quebrado.
La Jornada
domingo, diciembre 23, 2007
“La guerra no ha terminado”, lamentan los tzotziles en Acteal
Las acciones paramilitares que culminaron en la matanza, “parte de un engranaje” mayor
“La guerra no ha terminado”, lamentan los tzotziles en Acteal
Subrayan la responsabilidad del ex presidente Zedillo al autorizar la campaña antizapatista
El conflicto, latente en los sitios “donde todavía están escondidas las armas que nos atacaron”
Blanche Petrich (Enviada)
Ampliar la imagen
Mujeres tzotziles durante la misa de ayer en memoria de las víctimas de Acteal
Foto: Víctor Camacho
Acteal, Chis., 22 de diciembre. A los 22 años, bilingüe (tzotzil-castellano) y cursando la secundaria, Faustina Gómez es la voz que hoy, a diez años de la matanza, habla en nombre del grupo de mujeres mayas de la organización Las Abejas para “proclamar la verdad”: que la muerte de los 45 que aquí yacen sucedió “en un contexto de guerra”, en el que las agresiones de los paramilitares sólo fueron una parte del engranaje para combatir a los zapatistas y a la población cercana en el marco del Plan de Campaña Chiapas 1994, que había ordenado el entonces presidente Ernesto Zedillo.
A los 12 años, Faustina no entendía nada de esto. Fue una niña desplazada de su aldea, Ybeljoj, al campamento de Xoyep por ese conflicto que sigue aún en estado latente; una criatura descalza, empapada y aterida que veía con horror cómo su mamá y muchas otras mujeres que huían en desbandada por los montes, sin saber adónde ir, le tapaban la boca a los más pequeños para que no lloraran y los paramilitares no los descubrieran en las profundas hondonadas de la montaña donde se habían escondido.
A ella se le asignó leer el mensaje del pueblo de Acteal al mundo, en el que se denuncia que “estamos lidiando en una guerra que no ha terminado, que se encuentra latiendo en las comunidades donde todavía están escondidas las armas que nos atacaron”.
De esa guerra que el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, eludió hablar en su homilía de conmemoración, aunque sumó la fuerza de su diócesis a la demanda de las decenas de organizaciones humanitarias “que siguen exigiendo justicia en la verdad, esclarecimiento definitivo de responsabilidades a todos los niveles: local, municipal, estatal y federal.” Aclaró que no es el ánimo de venganza lo que alimenta este reclamo, sino “porque la paz, el perdón y la reconciliación no se pueden asentar con estabilidad si no hay cimientos sólidos de verdad y justicia”.
Pero recomendó: “No podemos estancarnos en el pasado. No hemos de reducir nuestras luchas sólo a acusar a los autores materiales e intelectuales de este crimen vergonzoso. Ciertamente, no hay que ceder en la exigencia de justicia, pero hay que mirar para adelante”.
Cuatro obispos congregados, el emérito –e histórico– Samuel Ruiz; el de Saltillo, Raúl Vera; Arizmendi, y su auxiliar en la catedral de San Cristóbal, Enrique Díaz, asisten para recordar la efeméride que hizo que hace diez años, al bendecir por última vez los 45 féretros, el tatik Samuel declarara: “Hoy es la Navidad más triste de mi vida”.
La tristeza aquella persiste en muchos corazones, aunque esta conmemoración ha tomado aires de fiesta, con las fanfarrias y dianas de una banda de música. El sol, que resplandece de manera atípica sobre las montañas que en esta época del año deberían estar vestidas de niebla y lluvia, contribuye a confundir el duelo con alegría.
Pese al discurso ponderado del obispo Arizmendi, que pide a Las Abejas “revisar su caminar”, no romper su unidad ni perder su raíz, en torno al altar se ha conformado una singular estampa de la historia que ha jugado la teología de liberación en las luchas, las resistencias y las tragedias de este universo indígena de Chiapas. Al lado de don Samuel, su siempre amigo Raúl Vera, quien fuera su auxiliar y en quien los indígenas habían cifrado sus esperanzas para continuar la labor del equipo liberador. Pero el Vaticano, hostil a la teología india, le cerró el paso.
A un costado, tres párrocos de Chenalhó, tres etapas de la historia de esta iglesia. Miguel Chanteau, quien se estableció en el templo de San Pedro desde los años setenta y que, por la hondura de su compromiso con los sampedranos, fue expulsado de México hacia su nativa Francia por las autoridades migratorias del régimen zedillista justo después de la matanza; Pedro Arriaga, su sucesor, jesuita que dio continuidad a la pastoral comprometida de Chanteau y que amplió, así, la zona de influencia de la Compañía de Jesús en la diócesis, y el nuevo párroco, Marcelino Pérez, tzotzil, recién ordenado, producto de la formación de sacerdotes indios que impulsó con fuerza Samuel Ruiz. Entre ellos, varios de las figuras que integraron su aguerrido equipo: Jerónimo Hernández, de la zona selvática de Tulijá; Heriberto Cruz, del norte chol, en Tila, y Pablo Romo, que ahora es seglar.
Todos participan en la procesión de las banderas y la visita a la nueva ermita, donde se rinde homenaje a la llamada virgen de la masacre. Se trata de una pequeña y contrahecha imagen guadalupana. Del rebozo típico de las sampedranas asoma apenas su cabecita. Los desplazados de La Esperanza y Chimix que llegaron al paraje de Acteal para morir ese trágico 22 de diciembre, habían cargado con ella en su huida. Durante la agresión se fracturó. Pero para estos fieles las imágenes sagradas son vivas y la virgen herida fue vendada. Su fama se extendió por todos los pueblos y durante los días festivos las comunidades la llevan de un lugar a otro en procesión, siempre prestada. Ahora tiene una nueva casa.
Ya en el lugar de la misa, ante el tradicional tapete de juncia, los familiares de las víctimas colocan las cruces que representan a sus muertos. Las pequeñas son de las niñas y los niños. El largo ritual fue pronunciado –íntegro– en tzotzil.
Fue entonces cuando Faustina Gómez tomó la palabra para leer el mensaje de los habitantes de Acteal, en el que se identifica a “los hombres en el poder, los que dicen que trabajan para los pobres y para la justicia, pero roban y traicionan”, con los señores de Xilabá, el inframundo del universo maya. Ellos, señalan Las Abejas, son los responsables de la masacre “por acción, omisión y dilación” de la justicia.
Unos días antes, esta muchacha platicaba sus recuerdos del crudo invierno de 1997: “Teníamos tanto miedo porque los priístas entraban al pueblo disparando y robando todo. Mi mamá me dio el bulto de ropa y ella cargó a mis hermanitos. Muchos nos fuimos en la noche, en la lluvia. De lo que más me recuerdo es que los viejitos se resbalaban en el lodo, en las piedras. Yo pensaba que nos íbamos a morir”.
Sin poderlo remediar, empieza a llorar: “Lloro por los niños que no nacieron (cuatro de las mujeres asesinadas estaban embarazadas). No quiero olvidar nada de esto, quiero guardarlo siempre en mi corazón y en mi memoria y platicarlo a los niños. Para que nunca vuelva a suceder”.
La Jornada
“La guerra no ha terminado”, lamentan los tzotziles en Acteal
Subrayan la responsabilidad del ex presidente Zedillo al autorizar la campaña antizapatista
El conflicto, latente en los sitios “donde todavía están escondidas las armas que nos atacaron”
Blanche Petrich (Enviada)
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Mujeres tzotziles durante la misa de ayer en memoria de las víctimas de Acteal
Foto: Víctor Camacho
Acteal, Chis., 22 de diciembre. A los 22 años, bilingüe (tzotzil-castellano) y cursando la secundaria, Faustina Gómez es la voz que hoy, a diez años de la matanza, habla en nombre del grupo de mujeres mayas de la organización Las Abejas para “proclamar la verdad”: que la muerte de los 45 que aquí yacen sucedió “en un contexto de guerra”, en el que las agresiones de los paramilitares sólo fueron una parte del engranaje para combatir a los zapatistas y a la población cercana en el marco del Plan de Campaña Chiapas 1994, que había ordenado el entonces presidente Ernesto Zedillo.
A los 12 años, Faustina no entendía nada de esto. Fue una niña desplazada de su aldea, Ybeljoj, al campamento de Xoyep por ese conflicto que sigue aún en estado latente; una criatura descalza, empapada y aterida que veía con horror cómo su mamá y muchas otras mujeres que huían en desbandada por los montes, sin saber adónde ir, le tapaban la boca a los más pequeños para que no lloraran y los paramilitares no los descubrieran en las profundas hondonadas de la montaña donde se habían escondido.
A ella se le asignó leer el mensaje del pueblo de Acteal al mundo, en el que se denuncia que “estamos lidiando en una guerra que no ha terminado, que se encuentra latiendo en las comunidades donde todavía están escondidas las armas que nos atacaron”.
De esa guerra que el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, eludió hablar en su homilía de conmemoración, aunque sumó la fuerza de su diócesis a la demanda de las decenas de organizaciones humanitarias “que siguen exigiendo justicia en la verdad, esclarecimiento definitivo de responsabilidades a todos los niveles: local, municipal, estatal y federal.” Aclaró que no es el ánimo de venganza lo que alimenta este reclamo, sino “porque la paz, el perdón y la reconciliación no se pueden asentar con estabilidad si no hay cimientos sólidos de verdad y justicia”.
Pero recomendó: “No podemos estancarnos en el pasado. No hemos de reducir nuestras luchas sólo a acusar a los autores materiales e intelectuales de este crimen vergonzoso. Ciertamente, no hay que ceder en la exigencia de justicia, pero hay que mirar para adelante”.
Cuatro obispos congregados, el emérito –e histórico– Samuel Ruiz; el de Saltillo, Raúl Vera; Arizmendi, y su auxiliar en la catedral de San Cristóbal, Enrique Díaz, asisten para recordar la efeméride que hizo que hace diez años, al bendecir por última vez los 45 féretros, el tatik Samuel declarara: “Hoy es la Navidad más triste de mi vida”.
La tristeza aquella persiste en muchos corazones, aunque esta conmemoración ha tomado aires de fiesta, con las fanfarrias y dianas de una banda de música. El sol, que resplandece de manera atípica sobre las montañas que en esta época del año deberían estar vestidas de niebla y lluvia, contribuye a confundir el duelo con alegría.
Pese al discurso ponderado del obispo Arizmendi, que pide a Las Abejas “revisar su caminar”, no romper su unidad ni perder su raíz, en torno al altar se ha conformado una singular estampa de la historia que ha jugado la teología de liberación en las luchas, las resistencias y las tragedias de este universo indígena de Chiapas. Al lado de don Samuel, su siempre amigo Raúl Vera, quien fuera su auxiliar y en quien los indígenas habían cifrado sus esperanzas para continuar la labor del equipo liberador. Pero el Vaticano, hostil a la teología india, le cerró el paso.
A un costado, tres párrocos de Chenalhó, tres etapas de la historia de esta iglesia. Miguel Chanteau, quien se estableció en el templo de San Pedro desde los años setenta y que, por la hondura de su compromiso con los sampedranos, fue expulsado de México hacia su nativa Francia por las autoridades migratorias del régimen zedillista justo después de la matanza; Pedro Arriaga, su sucesor, jesuita que dio continuidad a la pastoral comprometida de Chanteau y que amplió, así, la zona de influencia de la Compañía de Jesús en la diócesis, y el nuevo párroco, Marcelino Pérez, tzotzil, recién ordenado, producto de la formación de sacerdotes indios que impulsó con fuerza Samuel Ruiz. Entre ellos, varios de las figuras que integraron su aguerrido equipo: Jerónimo Hernández, de la zona selvática de Tulijá; Heriberto Cruz, del norte chol, en Tila, y Pablo Romo, que ahora es seglar.
Todos participan en la procesión de las banderas y la visita a la nueva ermita, donde se rinde homenaje a la llamada virgen de la masacre. Se trata de una pequeña y contrahecha imagen guadalupana. Del rebozo típico de las sampedranas asoma apenas su cabecita. Los desplazados de La Esperanza y Chimix que llegaron al paraje de Acteal para morir ese trágico 22 de diciembre, habían cargado con ella en su huida. Durante la agresión se fracturó. Pero para estos fieles las imágenes sagradas son vivas y la virgen herida fue vendada. Su fama se extendió por todos los pueblos y durante los días festivos las comunidades la llevan de un lugar a otro en procesión, siempre prestada. Ahora tiene una nueva casa.
Ya en el lugar de la misa, ante el tradicional tapete de juncia, los familiares de las víctimas colocan las cruces que representan a sus muertos. Las pequeñas son de las niñas y los niños. El largo ritual fue pronunciado –íntegro– en tzotzil.
Fue entonces cuando Faustina Gómez tomó la palabra para leer el mensaje de los habitantes de Acteal, en el que se identifica a “los hombres en el poder, los que dicen que trabajan para los pobres y para la justicia, pero roban y traicionan”, con los señores de Xilabá, el inframundo del universo maya. Ellos, señalan Las Abejas, son los responsables de la masacre “por acción, omisión y dilación” de la justicia.
Unos días antes, esta muchacha platicaba sus recuerdos del crudo invierno de 1997: “Teníamos tanto miedo porque los priístas entraban al pueblo disparando y robando todo. Mi mamá me dio el bulto de ropa y ella cargó a mis hermanitos. Muchos nos fuimos en la noche, en la lluvia. De lo que más me recuerdo es que los viejitos se resbalaban en el lodo, en las piedras. Yo pensaba que nos íbamos a morir”.
Sin poderlo remediar, empieza a llorar: “Lloro por los niños que no nacieron (cuatro de las mujeres asesinadas estaban embarazadas). No quiero olvidar nada de esto, quiero guardarlo siempre en mi corazón y en mi memoria y platicarlo a los niños. Para que nunca vuelva a suceder”.
La Jornada
viernes, diciembre 21, 2007
Cartones - La Jornada
Subversivas, las políticas de género
Gabriela Rodríguez
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
Las elaboraciones en torno al género han sido una forma primaria de reproducir las relaciones de poder, ya sea para sostenerlo o para revertirlo; en el género se condensa la imposición y la subversión, la represión y la lucha por la justicia. Porque la construcción de lo masculino y lo femenino pronuncia la falta de igualdad entre seres humanos y, al mismo tiempo, señala la fuerza de la diferencia, la diversidad que caracteriza lo humano.
Por eso pretender institucionalizar el género en las políticas públicas es una contradicción, es una estrategia de resistencia que camina dentro de las instituciones, en esos entes abstractos y esquizofrénicos que hoy operan en oposición a las funciones que les dieron origen. La doble cara de los institutos de las mujeres sólo puede comprenderse como etapa estratégica del movimiento feminista, como camuflaje para superar la brecha de desigualdad y violencia contra las mujeres. Los lemas de las calles se proyectaron en una misión institucional que busca colocar el género como línea transversal de los programas gubernamentales. Esos institutos alcanzaron con el panismo el más alto estatus jerárquico y, por si faltaran contradicciones, muchos de ellos no están encabezados por feministas, como si colocar objetivos de igualdad y cuerpos de mujeres al frente de un organismo público garantizara un compromiso con la equidad de género, y como si los gobiernos de derecha estuvieran interesados en las transformaciones económicas estructurales y en los cambios culturales implicados.
Tendría que ser diferente cuando una feminista posicionada dentro de un gobierno progresista opera las políticas de género; la exigencia de la ciudadanía es mayor. Desde ahí hay que valorar el informe de Martha Lucía Mícher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, desde la trayectoria de la funcionaria que hace un acto de rendición de cuentas en un territorio donde la izquierda lleva gobernando 10 años.
Las acciones permiten comprender cómo se institucionaliza el género en la ciudad de México y cómo traduce el Inmujeres DF su transversalidad: se integraron en el gabinete el mismo número de mujeres y hombres, y se facultó al instituto como órgano rector y normativo de la política de igualdad sustantiva. En colaboración con las dependencias y con organizaciones de la sociedad civil, se conformó y capacitó una red interinstitucional de enlaces de género, integrado por responsables de planeación de todas las dependencias, y otra red interdelegacional. Las primeras acciones fueron jurídicas, de diagnósticos y presupuestos públicos con perspectiva de género; se logró etiquetar mil 234 millones para 2008. En cuanto a políticas laborales se encontró que la fuerza femenina dentro de la administración del Gobierno del Distrito Federal representa 30 por ciento, y que tiene una brecha salarial de 3 a 5 puntos porcentuales por debajo de los hombres. Se otorgaron beneficios fiscales a mujeres jefas de familia, se impulsó a mujeres emprendedoras, y un programa de revalorización del trabajo doméstico para empleadas del hogar. Se coordinaron trabajos para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal y programas Viajemos Seguras en los sistemas de transporte público.
Los programas de salud sexual y reproductiva del DF son únicos en el país y en la región latinoamericana: Programa Amor... es sin Violencia en el noviazgo, en el matrimonio y en parejas no heterosexuales; casa hogar para trabajadoras sexuales de la tercera edad; liberación de mujeres en reclusión; derechos sexuales y reproductivos para mujeres reclusas, incluyendo programas para lesbianas. Foros, ferias de salud y actividades de prevención de cáncer y salud reproductiva y, a partir del decreto del 26 de abril, información, asesorías y canalización de servicios de interrupción legal del embarazo.
Entre los principales retos las panelistas Tania Reneaum, Teresa Incháustegui y Marta Lamas señalaron la necesidad de una alineación más precisa de estrategias y mecanismos de seguimiento, mayor atención a los y las jóvenes, falta de políticas de conciliación del trabajo doméstico y extradoméstico, y considerar la pobreza de tiempo en la vida cotidiana de las mujeres. Se habló de hacer un viraje del sistema político como imperativo urgente, del riesgo que representan las querellas internas del partido y de la necesidad de profundizar programas que atiendan la violencia simbólica, la subjetividad y el mundo interno de las mujeres.
Los gobiernos del Distrito Federal han mostrado la mejor cara de la izquierda mexicana, dan las más fuertes lecciones a las elites del PRD y a los legisladores. En el castellano, los artículos gramaticales identifican lo masculino y femenino como poder simbólico: de un lado el país; del otro, la ciudad de México.
La jornada
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
Las elaboraciones en torno al género han sido una forma primaria de reproducir las relaciones de poder, ya sea para sostenerlo o para revertirlo; en el género se condensa la imposición y la subversión, la represión y la lucha por la justicia. Porque la construcción de lo masculino y lo femenino pronuncia la falta de igualdad entre seres humanos y, al mismo tiempo, señala la fuerza de la diferencia, la diversidad que caracteriza lo humano.
Por eso pretender institucionalizar el género en las políticas públicas es una contradicción, es una estrategia de resistencia que camina dentro de las instituciones, en esos entes abstractos y esquizofrénicos que hoy operan en oposición a las funciones que les dieron origen. La doble cara de los institutos de las mujeres sólo puede comprenderse como etapa estratégica del movimiento feminista, como camuflaje para superar la brecha de desigualdad y violencia contra las mujeres. Los lemas de las calles se proyectaron en una misión institucional que busca colocar el género como línea transversal de los programas gubernamentales. Esos institutos alcanzaron con el panismo el más alto estatus jerárquico y, por si faltaran contradicciones, muchos de ellos no están encabezados por feministas, como si colocar objetivos de igualdad y cuerpos de mujeres al frente de un organismo público garantizara un compromiso con la equidad de género, y como si los gobiernos de derecha estuvieran interesados en las transformaciones económicas estructurales y en los cambios culturales implicados.
Tendría que ser diferente cuando una feminista posicionada dentro de un gobierno progresista opera las políticas de género; la exigencia de la ciudadanía es mayor. Desde ahí hay que valorar el informe de Martha Lucía Mícher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, desde la trayectoria de la funcionaria que hace un acto de rendición de cuentas en un territorio donde la izquierda lleva gobernando 10 años.
Las acciones permiten comprender cómo se institucionaliza el género en la ciudad de México y cómo traduce el Inmujeres DF su transversalidad: se integraron en el gabinete el mismo número de mujeres y hombres, y se facultó al instituto como órgano rector y normativo de la política de igualdad sustantiva. En colaboración con las dependencias y con organizaciones de la sociedad civil, se conformó y capacitó una red interinstitucional de enlaces de género, integrado por responsables de planeación de todas las dependencias, y otra red interdelegacional. Las primeras acciones fueron jurídicas, de diagnósticos y presupuestos públicos con perspectiva de género; se logró etiquetar mil 234 millones para 2008. En cuanto a políticas laborales se encontró que la fuerza femenina dentro de la administración del Gobierno del Distrito Federal representa 30 por ciento, y que tiene una brecha salarial de 3 a 5 puntos porcentuales por debajo de los hombres. Se otorgaron beneficios fiscales a mujeres jefas de familia, se impulsó a mujeres emprendedoras, y un programa de revalorización del trabajo doméstico para empleadas del hogar. Se coordinaron trabajos para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal y programas Viajemos Seguras en los sistemas de transporte público.
Los programas de salud sexual y reproductiva del DF son únicos en el país y en la región latinoamericana: Programa Amor... es sin Violencia en el noviazgo, en el matrimonio y en parejas no heterosexuales; casa hogar para trabajadoras sexuales de la tercera edad; liberación de mujeres en reclusión; derechos sexuales y reproductivos para mujeres reclusas, incluyendo programas para lesbianas. Foros, ferias de salud y actividades de prevención de cáncer y salud reproductiva y, a partir del decreto del 26 de abril, información, asesorías y canalización de servicios de interrupción legal del embarazo.
Entre los principales retos las panelistas Tania Reneaum, Teresa Incháustegui y Marta Lamas señalaron la necesidad de una alineación más precisa de estrategias y mecanismos de seguimiento, mayor atención a los y las jóvenes, falta de políticas de conciliación del trabajo doméstico y extradoméstico, y considerar la pobreza de tiempo en la vida cotidiana de las mujeres. Se habló de hacer un viraje del sistema político como imperativo urgente, del riesgo que representan las querellas internas del partido y de la necesidad de profundizar programas que atiendan la violencia simbólica, la subjetividad y el mundo interno de las mujeres.
Los gobiernos del Distrito Federal han mostrado la mejor cara de la izquierda mexicana, dan las más fuertes lecciones a las elites del PRD y a los legisladores. En el castellano, los artículos gramaticales identifican lo masculino y femenino como poder simbólico: de un lado el país; del otro, la ciudad de México.
La jornada
El ABC de Acteal
Rafael Landerreche*
René Girard, quien puso en el centro de su antropología el fenómeno del chivo expiatorio, dice que los derechos de las víctimas han penetrado de tal modo la conciencia del mundo moderno gracias al cristianismo, que ahora hasta los poderosos, para defender sus intereses, tienen que alegar que están defendiendo a alguna víctima. El truco nos es de sobra conocido en los alegatos del imperio. Cuando se trataba de invadir Irak, George W. Bush derramaba lágrimas de cocodrilo por los pobres kurdos gaseados por Saddam Hussein; ahora que son los aliados turcos quienes atacan a los kurdos no parece preocuparse mucho por ellos. La afirmación de Girard se cumple como una profecía con quienes ahora dicen que pongamos en primer lugar el tema de los procesados que también son víctimas y dejemos atrás la discusión de si fue o no un crimen de Estado. Esto, que Héctor Aguilar Camín ha ensayado proponer con rodeos e insinuaciones, lo acaba de decir sin tapujos Ricardo Raphael (El Universal, 18 de diciembre).
Es verdad que algo hay que decir de los presos y su relativa inocencia, pero para ello hay que poner las cosas en su debido orden y proporción. Por eso no debemos olvidar que:
1) La masacre de Acteal fue un crimen atroz contra mujeres y niños, indígenas que ayunaban y oraban por la paz, que estaban desarmados y que expresamente sostenían y sostienen hasta ahora una postura no violenta.
2) La masacre de Acteal fue un crimen de Estado. Para decir esto no es necesario basarse en las versiones del Frayba, del EZLN o de la diócesis de San Cristóbal. Se puede uno basar en las palabras de Aguilar Camín: “las autoridades chiapanecas y el Ejército federal… decidieron no contener tampoco al otro bando (al de los priístas armados) y hasta ayudarlo” (Nexos de noviembre). Esto es una auténtica confesión de parte, que tiene una evidente superioridad sobre la confesión de algunos presos que Aguilar Camín utiliza para sustentar su versión. Mientras ésta es altamente sospechosa, porque con ella se exculpa a quienes serían sus cómplices (además de ser francamente increíble), aquélla tiene el innegable valor de ser una confesión hecha a regañadientes que termina por inculpar a quien el autor pretende disculpar desde que aconteció la masacre: a Ernesto Zedillo.
3) Este crimen de Estado no fue meramente por negligencia u omisión (lo cual ya sería por sí solo suficientemente grave), sino resultado de un plan contrainsurgente que pretendía burlar la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, una de las pocas leyes en nuestra historia reciente que fue claramente la expresión de una voluntad popular, la de buscar por la vía del diálogo la solución al conflicto con el EZLN. Lo absurdo y gratuito de negar esto se hace evidente si aplicamos a quienes lo hacen el argumento del pato (recientemente reciclado para usos políticos). Los asesinos de Acteal se armaron como paramilitares, se entrenaron como paramilitares, actuaron según una lógica paramilitar, fueron y siguen siendo protegidos como paramilitares, sólo que según la lógica de Aguilar Camín, no son patos, sino animalitos iguales pero diferentes al pato porque no nacieron de un huevo de pata sino por generación espontánea.
4) Siendo un crimen de Estado era de esperarse que –como lo dijo el sub Marcos desde el día siguiente a la masacre– el aparato de procuración de justicia del Estado no iba a esclarecer el crimen. Presionado porque su inocultable atrocidad despertó una digna y abrumadora reacción nacional e internacional, tuvo que detener a varias decenas de autores materiales y a algunos funcionarios menores. Lo anterior no es poca cosa para la vida cotidiana de las comunidades, que se había convertido en un infierno y a partir de esto pudo gozar de relativa calma. Pero era previsible que estos presos serían usados como chivos expiatorios, no en el sentido de que fuesen totalmente inocentes, sino en el sentido de que su culpabilidad menor (en términos relativos) sería usada para tapar la mayor culpabilidad de los de arriba. Es verdad que la actuación de la PGR y de los jueces está plagada de irregularidades. Es cosa cierta que los mismos presos han sido víctimas de injusticias, y hasta podemos admitir, más por cuestión de principios que de evidencia probada, que pudiera haber algún inocente preso. Pero remediar este punto implica no dejar atrás sino recordar y poner en su lugar todos los puntos anteriores.
Frente a esta realidad atroz, expuesta aquí de manera sucinta y esquemática, ¿qué hacer ahora? Primero, y en lo inmediato, ponerse en guardia ante posibles intentos, que ya están aflorando, de sacrificar un chivo de mayor calibre para volver a tapar todo. El sacrificado podría ser el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, a quien ya le puso la mira la fiscalía creada por el actual gobernador Juan Sabines, con lo que además tendríamos el clásico uso del aparato de justicia para ajustes de cuentas entre grupos de poder estatales.
Pero la cuestión más importante y de vital importancia para el país es cómo esclarecer plenamente el caso y llegar al fondo del asunto. Aguilar Camín y los defensores de los presos piden que el caso sea llevado a la Suprema Corte. Después de lo sucedido con el caso de Lydia Cacho esto no puede ser más que una broma de mal gusto o, si no, evidencia de que quienes lo promueven no se interesan realmente en la verdad y la justicia sino en argucias leguleyas para salirse con la suya. La herida abierta de Acteal pone al descubierto, entre otras cosas, la desoladora ineptitud y corrupción de los órganos de justicia del Estado. Éstos sólo se podrán renovar empujando desde afuera y desde abajo. Lo que en el IFE se ha vuelto imposible debido a los intereses partidistas tiene que ser posible aquí para esclarecer uno de los crímenes que más profundamente han herido los sentimientos y la conciencia de la nación: encontrar personas de reconocida honestidad intelectual y moral que puedan integrar una comisión de la verdad.
* Ex coordinador del área de análisis y difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
La Jornada
René Girard, quien puso en el centro de su antropología el fenómeno del chivo expiatorio, dice que los derechos de las víctimas han penetrado de tal modo la conciencia del mundo moderno gracias al cristianismo, que ahora hasta los poderosos, para defender sus intereses, tienen que alegar que están defendiendo a alguna víctima. El truco nos es de sobra conocido en los alegatos del imperio. Cuando se trataba de invadir Irak, George W. Bush derramaba lágrimas de cocodrilo por los pobres kurdos gaseados por Saddam Hussein; ahora que son los aliados turcos quienes atacan a los kurdos no parece preocuparse mucho por ellos. La afirmación de Girard se cumple como una profecía con quienes ahora dicen que pongamos en primer lugar el tema de los procesados que también son víctimas y dejemos atrás la discusión de si fue o no un crimen de Estado. Esto, que Héctor Aguilar Camín ha ensayado proponer con rodeos e insinuaciones, lo acaba de decir sin tapujos Ricardo Raphael (El Universal, 18 de diciembre).
Es verdad que algo hay que decir de los presos y su relativa inocencia, pero para ello hay que poner las cosas en su debido orden y proporción. Por eso no debemos olvidar que:
1) La masacre de Acteal fue un crimen atroz contra mujeres y niños, indígenas que ayunaban y oraban por la paz, que estaban desarmados y que expresamente sostenían y sostienen hasta ahora una postura no violenta.
2) La masacre de Acteal fue un crimen de Estado. Para decir esto no es necesario basarse en las versiones del Frayba, del EZLN o de la diócesis de San Cristóbal. Se puede uno basar en las palabras de Aguilar Camín: “las autoridades chiapanecas y el Ejército federal… decidieron no contener tampoco al otro bando (al de los priístas armados) y hasta ayudarlo” (Nexos de noviembre). Esto es una auténtica confesión de parte, que tiene una evidente superioridad sobre la confesión de algunos presos que Aguilar Camín utiliza para sustentar su versión. Mientras ésta es altamente sospechosa, porque con ella se exculpa a quienes serían sus cómplices (además de ser francamente increíble), aquélla tiene el innegable valor de ser una confesión hecha a regañadientes que termina por inculpar a quien el autor pretende disculpar desde que aconteció la masacre: a Ernesto Zedillo.
3) Este crimen de Estado no fue meramente por negligencia u omisión (lo cual ya sería por sí solo suficientemente grave), sino resultado de un plan contrainsurgente que pretendía burlar la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, una de las pocas leyes en nuestra historia reciente que fue claramente la expresión de una voluntad popular, la de buscar por la vía del diálogo la solución al conflicto con el EZLN. Lo absurdo y gratuito de negar esto se hace evidente si aplicamos a quienes lo hacen el argumento del pato (recientemente reciclado para usos políticos). Los asesinos de Acteal se armaron como paramilitares, se entrenaron como paramilitares, actuaron según una lógica paramilitar, fueron y siguen siendo protegidos como paramilitares, sólo que según la lógica de Aguilar Camín, no son patos, sino animalitos iguales pero diferentes al pato porque no nacieron de un huevo de pata sino por generación espontánea.
4) Siendo un crimen de Estado era de esperarse que –como lo dijo el sub Marcos desde el día siguiente a la masacre– el aparato de procuración de justicia del Estado no iba a esclarecer el crimen. Presionado porque su inocultable atrocidad despertó una digna y abrumadora reacción nacional e internacional, tuvo que detener a varias decenas de autores materiales y a algunos funcionarios menores. Lo anterior no es poca cosa para la vida cotidiana de las comunidades, que se había convertido en un infierno y a partir de esto pudo gozar de relativa calma. Pero era previsible que estos presos serían usados como chivos expiatorios, no en el sentido de que fuesen totalmente inocentes, sino en el sentido de que su culpabilidad menor (en términos relativos) sería usada para tapar la mayor culpabilidad de los de arriba. Es verdad que la actuación de la PGR y de los jueces está plagada de irregularidades. Es cosa cierta que los mismos presos han sido víctimas de injusticias, y hasta podemos admitir, más por cuestión de principios que de evidencia probada, que pudiera haber algún inocente preso. Pero remediar este punto implica no dejar atrás sino recordar y poner en su lugar todos los puntos anteriores.
Frente a esta realidad atroz, expuesta aquí de manera sucinta y esquemática, ¿qué hacer ahora? Primero, y en lo inmediato, ponerse en guardia ante posibles intentos, que ya están aflorando, de sacrificar un chivo de mayor calibre para volver a tapar todo. El sacrificado podría ser el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, a quien ya le puso la mira la fiscalía creada por el actual gobernador Juan Sabines, con lo que además tendríamos el clásico uso del aparato de justicia para ajustes de cuentas entre grupos de poder estatales.
Pero la cuestión más importante y de vital importancia para el país es cómo esclarecer plenamente el caso y llegar al fondo del asunto. Aguilar Camín y los defensores de los presos piden que el caso sea llevado a la Suprema Corte. Después de lo sucedido con el caso de Lydia Cacho esto no puede ser más que una broma de mal gusto o, si no, evidencia de que quienes lo promueven no se interesan realmente en la verdad y la justicia sino en argucias leguleyas para salirse con la suya. La herida abierta de Acteal pone al descubierto, entre otras cosas, la desoladora ineptitud y corrupción de los órganos de justicia del Estado. Éstos sólo se podrán renovar empujando desde afuera y desde abajo. Lo que en el IFE se ha vuelto imposible debido a los intereses partidistas tiene que ser posible aquí para esclarecer uno de los crímenes que más profundamente han herido los sentimientos y la conciencia de la nación: encontrar personas de reconocida honestidad intelectual y moral que puedan integrar una comisión de la verdad.
* Ex coordinador del área de análisis y difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
La Jornada
El fracaso
Luis Javier Garrido
El fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.
1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
La Jornada
El fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.
1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
La Jornada
Entradas por la puerta de atrás
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado
A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.
Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.
Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.
Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena...”
Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.
Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.
Las rebanadas del pastel:
“Para que vivamos mejor” (Calderón dixit) y “favorecer la economía familiar” (Sojo ídem), el siempre magnánimo régimen de la “continuidad” ha regalado a los mexicanos un aumento promedio de 35 por ciento en el primer año de estancia en Los Pinos… pero no al ingreso, sino a los precios de la canasta básica, una proporción nueve veces mayor al avance del oficial índice nacional de precios al consumidor y siete tantos por arriba del incremento que en el mismo periodo registraron los salarios manufactureros contractuales (La Jornada). Lamentablemente los precios se mantienen al alza, porque el año aún no concluye, en espera del gasolinazo de enero. Qué bueno que todo es “para que vivamos mejor”, como prometía el michoacano en campaña.
(La Jornada)
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado
A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.
Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.
Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.
Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena...”
Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.
Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.
Las rebanadas del pastel:
“Para que vivamos mejor” (Calderón dixit) y “favorecer la economía familiar” (Sojo ídem), el siempre magnánimo régimen de la “continuidad” ha regalado a los mexicanos un aumento promedio de 35 por ciento en el primer año de estancia en Los Pinos… pero no al ingreso, sino a los precios de la canasta básica, una proporción nueve veces mayor al avance del oficial índice nacional de precios al consumidor y siete tantos por arriba del incremento que en el mismo periodo registraron los salarios manufactureros contractuales (La Jornada). Lamentablemente los precios se mantienen al alza, porque el año aún no concluye, en espera del gasolinazo de enero. Qué bueno que todo es “para que vivamos mejor”, como prometía el michoacano en campaña.
(La Jornada)
Objeciones de la memoria
Martí Batres Guadarrama
21 de diciembre de 2007
Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.
(El Universal)
21 de diciembre de 2007
Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.
(El Universal)
Contra la Reforma Judicial
Clase Política
Miguel Ángel Rivera
riverapaz@prodigy.net.mx.
Contra la reforma judicial
“Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de su tenencia, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni exiliado, ni molestado de manera alguna; y nosotros no pondremos ni haremos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país.”
El anterior es el texto del artículo 29 de la Carta Magna que los británicos obligaron firmar al denominado rey Juan Sin Tierra en el año 1215, hace ocho siglos, citado por el jurista y senador por Convergencia José Luis Lobato Campos para sustentar su voto contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, en particular la parte que autoriza a la policía entrar a domicilios particulares sin orden previa de un juez.
Este voto particular tiene validez porque la propuesta de reforma volverá a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, o tal vez antes, pues el gobierno federal considera urgentes los cambios.
“Nuevamente, como viene siendo la tónica del partido en el gobierno y de quienes le secundan, se atenta contra los principios doctrinales básicos y contra toda lógica jurídica”, sostuvo también Lobato.
(La Jornada)
Miguel Ángel Rivera
riverapaz@prodigy.net.mx.
Contra la reforma judicial
“Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de su tenencia, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni exiliado, ni molestado de manera alguna; y nosotros no pondremos ni haremos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país.”
El anterior es el texto del artículo 29 de la Carta Magna que los británicos obligaron firmar al denominado rey Juan Sin Tierra en el año 1215, hace ocho siglos, citado por el jurista y senador por Convergencia José Luis Lobato Campos para sustentar su voto contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, en particular la parte que autoriza a la policía entrar a domicilios particulares sin orden previa de un juez.
Este voto particular tiene validez porque la propuesta de reforma volverá a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, o tal vez antes, pues el gobierno federal considera urgentes los cambios.
“Nuevamente, como viene siendo la tónica del partido en el gobierno y de quienes le secundan, se atenta contra los principios doctrinales básicos y contra toda lógica jurídica”, sostuvo también Lobato.
(La Jornada)
