viernes, diciembre 21, 2007
Objeciones de la memoria
Martí Batres Guadarrama
21 de diciembre de 2007
Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.
(El Universal)
21 de diciembre de 2007
Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.
(El Universal)
