Comité Municipal del Partido Convergencia Tijuana

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  Provocará empobrecimiento, informalidad y desempleo
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  Como ocurre siempre, la sociedad pagará los costos
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  Negligencia y discrecionalidad de la autoridad fiscal
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  Propuesta insuficiente para atender gasto y deuda
  

Al presentar en la tribuna del Senado el voto en contra del proyecto de reforma fiscal enviado por el Ejecutivo con el aval del PAN y del PRI, el coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, senador Dante Delgado, advirtió que se trata de un atropello al pueblo de México que, como siempre, pagará los costos de la negligencia y de la discrecionalidad del gobierno.

En sus señalamientos, el legislador veracruzano exhortó al Senado de la República a que, de una vez por todas, asuma ante el pueblo su papel fiduciario de la riqueza nacional.

Afirmó Dante Delgado: “El Ejecutivo Federal, a través de su partido y en connivencia con el PRI, avasallará hoy una vez más a los más pobres de este país. El gobierno federal dice que asumirá los costos políticos de la llamada reforma fiscal; pero, como siempre, será el pueblo el que pague los costos de este atropello”.

Abundó el legislador: lastimará a la clase media y afectará negativamente al 99.8 por ciento de los emprendedores de este país: las micro, pequeñas y medianas empresas.

También advirtió Dante Delgado que la reforma fiscal propuesta es totalmente insuficiente para atender los compromisos de gasto y deuda pública “que ya tocan a la puerta del país”.

Ejemplificó: en el año 2010 se dará servicio a la deuda de los PIDIREGAS por casi el 2 por ciento del PIB, tal como lo señala el Banco de México, alrededor de 150 mil millones de pesos, cifra que apenas podría ser cubierta con los recursos que espera recaudar la reforma fiscal propuesta.

En cuanto al alza al precio de la gasolina, Dante Delgado reiteró --aunque “dicen el PAN y el PRI que se dramatiza”--, que dicho impuesto generará efectos inflacionarios directos e indirectos, especialmente a partir del transporte público, los costos del transporte de mercancías y las presiones salariales, tal como lo advirtió recientemente el gobernador del Banco de México.

“Lo dramático de la iniciativa --dijo al respecto--, es que niega lo evidente, se cierra ante el más elemental de los principios económicos: la inflación por costos y su efecto negativo sobre los ingresos de los asalariados y no asalariados. Es decir, empobrece al pueblo de México.”

Más adelante afirmó que a la elusión fiscal que propicia la reforma, se agrega la negligencia y discrecionalidad de la autoridad fiscal. Citó que en el año 2000 el monto de créditos fiscales eras de 220 mil millones de pesos, cifra que en el 2004 llegó a más de 400 mil millones de pesos, equivalente a más del 50 por ciento de la recaudación tributaria.

Además, el monto de las sentencias de amparo perdidas por la Secretaría de Hacienda en el 2004 llegó al 20 por ciento de la recaudación.

“Estas ineficiencias recaudatorias –precisó el senador veracruzano--, las pagan las clases populares, pero los funcionarios que son los responsables se cobijan bajo un manto de impunidad administrativa y de nula rendición de cuentas.”

Estas fueron las palabras del senador Dante Delgado Rannauro:

SEÑOR PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS SENADORES


Hoy nos vemos otra vez frente a verdades fiscales a medias que sustentan propuestas inequitativas y adversas para el desarrollo nacional. Adversas para la población de menos ingresos y para las clases medias del país, pero totalmente ventajosas para los grandes evasores y elusores fiscales. Todo ello al tiempo que permite a la burocracia recaudatoria, como la del SAT, mantener sus privilegios, eludir sus responsabilidades y obviar sus ineficiencias.

Efectivamente, México es el país con la menor recaudación total de impuestos de los países miembros de la OCDE. Pero ello lo es en virtud de que los impuestos a la renta y a las ganancias son los más bajos de todo ese conjunto de países. Aún más bajos que Polonia, República Eslovaca y Corea.

La causa de la baja recaudación nacional, se nos decía apenas hace un par de años, era el no aplicar un IVA generalizado, gravando alimentos y medicinas, como si estos productos no fueran exentos en muchos países desarrollados. Hoy se nos dice que tal situación se debe a que no aplicamos una tasa impositiva general, flat tax, como la aplican algunos países.

De nueva cuenta se nos dice una verdad a medias. En general, sólo países muy contados aplican este sistema de tasa única y esos países son fundamentalmente aquellos que antes de la caída del Muro de Berlín, bajo el sistema de socialismo real, no contaban con un auténtico sistema impositivo. Es obvio que las nuevas condiciones económicas de esas naciones obligaron a imponer al menos un impuesto de tasa única con relativo éxito, frente a la carencia de un sistema recaudatorio maduro.

En el caso de Irlanda, tan mentado y señalado por los funcionarios fiscales de México, habría que preguntarse si para las personas físicas efectivamente se aplica una tasa única o, como ahora se pretende para el caso de México, se busca transitar hacia un nuevo sistema, con el CETU y ahora denominado IETU, que anule finalmente el ISR a las empresas, pero que se mantenga para las retenciones fiscales por salarios.

Como simple muestra de que el ISR es el centro del problema de la recaudación fiscal de México, baste saber que las retenciones por salarios contribuyen con el 50% del ISR y las personas morales contribuyen únicamente con alrededor del 35%; así se grava más al salario que al capital, como un medio perverso que agudiza la pésima distribución del ingreso nacional.

La iniciativa tan no va al centro del problema fiscal del país, que es un hecho que se mantiene la consolidación fiscal de pérdidas y ganancias del 100%, medida aplicada a partir del 2001, durante el gobierno panista anterior. Esta consolidación permite que alrededor de 450 de las más grandes empresas del país paguen tasas efectivas menores al 4%.

A la elusión fiscal, problema real recaudatorio del país, se agrega la negligencia y discrecionalidad de la autoridad fiscal.

Para evidenciar esta situación tengamos en cuenta que en el año 2000 se tenía un monto total de créditos fiscales del orden de 220 mil millones de pesos y para 2004 alcanzó más de 400 mil millones de pesos, equivalente a más del 50% de la recaudación tributaria.

Tan sólo el monto que por concepto de sentencias de amparo perdidas por la Secretaría de Hacienda en el año 2004 alcanzó el 20% de la recaudación.
Estas ineficiencias recaudatorias las pagan las clases populares, pero los funcionarios que son los responsables se cobijan bajo un manto de impunidad administrativa y de nula rendición de cuentas.

Dicen el PAN y el PRI que se dramatiza al señalar que el impuesto a la gasolina generará efectos inflacionarios directos e indirectos, especialmente a partir del transporte público, los costos del transporte de mercancías y las presiones salariales, tal como lo advirtió el Gobernador del Banco de México.

Lo dramático de la iniciativa es que niega lo evidente, se cierra ante el más elemental de los principios económicos: la inflación por costos y su efecto negativo sobre los ingresos de los asalariados y no asalariados. Es decir empobrece al pueblo de México.

La reforma, además, es totalmente insuficiente para atender los compromisos de gasto y deuda pública que ya tocan la puerta del país.

En el año 2010 se dará servicio a la deuda de los PIDIREGAS por casi el 2% del PIB, tal como lo señala el Banco de México, alrededor de 150 mil millones de pesos, cifra que apenas podría ser cubierta con los recursos que espera recaudar la reforma fiscal propuesta.

Es necesario que de una vez por todas esta Soberanía asuma ante el pueblo su papel fiduciario de la riqueza nacional.

Por ello Convergencia propuso el pasado 8 de agosto, ante el Pleno de la Comisión Permanente, que se fortaleciera a la Auditoría Superior de la Federación en sus facultades, y consecuentemente al Poder Legislativo, para evitar que el Ejecutivo Federal sea juez y parte en su rendición de cuentas, como lo proponía con la creación del Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas, que sustituía funciones de la Auditoría Superior de la Federación y multiplicaba como es costumbre el gasto burocrático.

El Ejecutivo Federal, a través de su partido y en connivencia con el PRI, avasallará hoy una vez más a los más pobres de este país. El Gobierno Federal dice que asumirá los costos políticos de la llamada reforma fiscal; pero, como siempre, será el pueblo el que pague los costos de este atropelló. Lastimará a la clase media y afectará negativamente al 99.8% de los emprendedores de este país: las micro, pequeñas y medianas empresas

También estamos en contra del IETU, un nuevo impuesto que terminará por cancelar el IMPUESTO sobre la RENTA, eje y base de todo sistema recaudatorio eficiente y equitativo, si se opera adecuadamente y sin distorsiones como las que prevalecen en México.

Estamos en contra del nuevo impuesto a la venta final de combustibles porque generará una presión inflacionaria que será pagada mayormente por los asalariados.
La reforma fiscal ni es equitativa ni es proporcional. Sus instrumentos y propuestas distorsionarán más el sistema recaudatorio del país y terminarán por fomentar la informalidad y el desempleo.

Por congruencia ética, por lógica económica y racionalidad fiscal, el Grupo Parlamentario de Convergencia emitirá su voto en contra del IETU, de la propuesta de federalismo fiscal, que el impuesto a las gasolinas incluye, y del impuesto a los depósitos en efectivo, que afectarán la economía del país, lastimarán a los emprendedores y vulnerarán la calidad de vida de los mexicanos. El tiempo, por desgracia, nos dará la razón